El posible arancel adicional de 67.1 % a las galletas importadas desde países sin tratados de libre comercio con República Dominicana genera preocupación por su efecto en los precios, la recaudación fiscal y la estructura del mercado local.
El sector comercial, que reúne a las principales cadenas de supermercados y más de 100 empresas, alerta que el incremento podría subir los precios entre 50 % y 60 %, afectando tanto a los consumidores como a pequeños comercios como colmaderos y surtidoras. Además, señalan que la medida podría implicar una pérdida de ingresos para el Estado de más de RD$600 millones.
Dos de las principales productoras locales, Molinos Modernos y Molinos del Valle del Cibao, alegan haber sufrido un “daño grave” debido a las importaciones y han solicitado la salvaguarda. Sin embargo, un análisis económico revela que sus ingresos brutos pasaron de RD$11,159 millones en 2021 a RD$20,515 millones en 2024, mientras que sus utilidades consolidadas crecieron de RD$195 millones a RD$2,322 millones en el mismo periodo.
Este comportamiento financiero cuestiona que la industria esté en riesgo y sugiere que la discusión sobre el arancel tiene más que ver con competencia y control del mercado que con la supervivencia de la producción local.
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El sector también advierte que estas empresas combinan producción local con importaciones bajo acuerdos preferenciales, lo que podría otorgarles ventajas sobre otros competidores y reforzar su dominio, que actualmente abarca el 92 % del mercado de galletas.
Por otro lado, se señalan posibles tensiones comerciales internacionales, en particular con Estados Unidos, si el arancel limita el acceso de proveedores extranjeros. La Comisión de Defensa Comercial (CDC) evalúa la medida, pero los importadores sostienen que aún faltan datos y documentación suficiente para justificar la salvaguarda, y que la calidad de los productos no está en discusión, sino la competencia y los precios para el consumidor.
En conjunto, el debate refleja la tensión entre proteger la producción local y garantizar un mercado competitivo y accesible, con efectos directos en consumidores, comercios y economía nacional.
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