La oposición a la explotación del oro en República Dominicana no es un fenómeno reciente ni responde a una sola causa. En los últimos días, las manifestaciones han reunido a sectores sociales, ambientales y políticos, evidenciando que el tema trasciende lo coyuntural. El oro, como recurso estratégico, despierta expectativas económicas importantes, pero también activa preocupaciones legítimas sobre su manejo y sus consecuencias.
El rechazo actual tiene raíces claras en la historia del país. El caso de Rosario Dominicana dejó una huella importante: una empresa estatal que terminó en quiebra, sin lograr traducir la explotación de recursos en desarrollo sostenible. Esa experiencia marcó una desconfianza que todavía pesa.
Años después, la llegada de empresas internacionales cambió el panorama. La operación de Barrick en Pueblo Viejo posicionó al país como un actor relevante en la minería de oro. Hoy, esa mina produce más de 600 mil onzas de oro al año y ha convertido al sector en uno de los principales generadores de divisas. La minería ha llegado a representar entre un 2% y 4% del PIB en distintos períodos, mientras que el oro ha concentrado en algunos años más del 30% de las exportaciones de bienes. Además, los ingresos fiscales acumulados superan los US$2,000 millones.
La minería aporta. Los números lo respaldan.
Sin embargo, esa dimensión económica no logra por sí sola generar consenso. Existe una brecha evidente entre lo que el sector produce y lo que la gente percibe. Esos recursos ingresan al presupuesto nacional, pero su ejecución no siempre se traduce en mejoras visibles en la calidad de vida. Persisten problemas estructurales en áreas como agua, salud, educación y transporte, lo que alimenta una sensación de desconexión entre la riqueza generada y el bienestar colectivo.
En ese contexto aparece el proyecto de GoldQuest en San Juan. Desde el punto de vista financiero, no se trata de una operación menor. El proyecto Romero contempla una producción estimada entre 90 mil y 100 mil onzas de oro al año, con una vida útil cercana a los 15 años. Las proyecciones económicas superan los US$2,300 millones en ingresos durante su ciclo de operación, con una rentabilidad que lo convierte en un proyecto viable y atractivo para la inversión.
Eso significa que, de entrar en operación, GoldQuest podría convertirse en un nuevo polo minero, generando exportaciones, aportes fiscales y actividad económica en la región.
Pero el punto no está en la viabilidad técnica ni en la rentabilidad.
El punto es la confianza.
Porque el país ya ha visto proyectos que generan millones, mientras los problemas estructurales siguen intactos. La pregunta no es cuánto se puede producir, sino qué impacto real tendrá en la vida de la gente.
A esto se suma un factor determinante: la debilidad institucional. La capacidad del Estado para regular, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales es constantemente cuestionada. En un entorno donde existe percepción de corrupción y falta de control, los permisos pierden credibilidad. La discusión deja entonces de centrarse en los estudios técnicos y pasa a enfocarse en quién supervisa y cómo se supervisa.
El componente ambiental refuerza esa preocupación. Los riesgos asociados a la contaminación de fuentes de agua, la alteración de ecosistemas y el impacto en comunidades cercanas no se perciben como escenarios lejanos, sino como posibilidades reales en ausencia de controles sólidos. Por eso el discurso ambiental encuentra respaldo social. Más que una postura ideológica, es una reacción ante la falta de garantías.
La oposición al proyecto en San Juan responde a esa acumulación de experiencias, percepciones y dudas. No se trata de desconocimiento. Se trata de una evaluación basada en lo que el país ha vivido y en lo que todavía no ha logrado resolver.
El fondo del problema no está en el oro.
Está en la capacidad del sistema.
Mientras no exista una relación clara entre la riqueza que se genera, los ingresos que recibe el Estado y los beneficios que llegan a la población, cualquier proyecto enfrentará resistencia.
El oro puede representar una oportunidad económica importante. Pero su aceptación dependerá de algo más profundo: la confianza en que esa riqueza se traduzca en desarrollo real.
