Abogado de las EDE defiende acuerdo con Maxy Montilla y niega que fomente corrupción

El abogado Miguel Valerio, representante legal de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) en el caso de estafa contra el Estado, defendió el acuerdo suscrito con Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, mediante el cual este se comprometió a devolver 3,500 millones de pesos en efectivo, admitir los hechos y cooperar con la investigación.

Valerio negó que el convenio implique impunidad o fomento de la corrupción, como han denunciado algunos sectores. Aseguró que se trata de un criterio de oportunidad regulado por el Código Procesal Penal, en el que Montilla no solo reconoce su responsabilidad, sino que además se ordena la disolución de 10 de sus empresas y la cancelación de sus registros como proveedor del Estado.

“Lo que ocurrió fue un acuerdo judicial donde el señor Montilla reconoce los hechos, coopera con la investigación, devuelve el dinero y se cierran sus empresas. Eso no es corrupción, eso es eficiencia en la recuperación del patrimonio público”, declaró Valerio.

El abogado recordó que en otros procesos de corrupción, tras largos juicios, el Estado apenas ha recuperado 500 millones de pesos, mientras que en este caso, gracias al convenio, se asegura la devolución inmediata de 3,500 millones en efectivo. “Si eso no es eficiencia, entonces ¿qué es luchar contra la corrupción?”, cuestionó.

Valerio insistió en que el acuerdo no otorga privilegios por tratarse del cuñado del expresidente Medina, sino que responde a la misma política de persecución penal que ha seguido la Procuraduría en otros casos. “Aquí no hay impunidad. Impunidad es cuando no se recupera nada ni nadie va preso”, subrayó.

El jurista también adelantó que la investigación continúa abierta y que, según las fuentes del Ministerio Público, en las próximas semanas podrían producirse nuevas imputaciones contra exfuncionarios vinculados al caso.

El acuerdo, en el que participaron la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, el director de la Pepca Wilson Camacho, la procuradora fiscal Ben Ortiz, los abogados de las EDES y la defensa de Montilla, deberá recibir la homologación final de un tribunal a finales de septiembre.

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