Advierten Ley de Residuos podría generar monopolios en distintos sectores productivos

Gremios del sector turístico, hotelero y empresarial expresaron este lunes su rechazo a la aprobación en única lectura del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que fue aprobado sin el rigor técnico, ambiental y sectorial necesario.

Advirtieron que la reforma amenaza la competitividad del sector, debilita la autonomía municipal y pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.

Entre las principales críticas se encuentra la exclusión del sargazo como residuo dentro del marco legal, lo que limita mecanismos para su disposición final y valorización. Los gremios denuncian la falta de acción del Congreso frente al impacto de esta macroalga sobre el turismo costero, pese a las cuantiosas inversiones que realiza el sector para mitigar sus efectos.

Entre gremios firmantes estan: Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (Ashoresa), la Asociación de Hoteles Romana-Bayahibe (AHRB), la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), la Asociación de Hoteles Juan Dolió, la Asociación de Hoteles de Samaná (Ahetsa), la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones (Adopetur), la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte) y la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo-Miches (Promiches) advirtieron que la reforma vulnera principios de libre competencia y sostenibilidad.

Asimismo, advierten que múltiples disposiciones promueven prácticas monopólicas, afectan la capacidad del sector privado para manejar eficientemente sus residuos, y fragmentan la cooperación público-privada.

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Imposición de empresas intermediarias

Uno de los aspectos más polémicos es la imposición de que todos los residuos deben ser entregados a gestores autorizados por gobiernos locales, lo cual restringe a las empresas que ya han invertido en infraestructura propia para la valorización de sus desechos. A esto se suma la creación de una contribución especial basada en los ingresos brutos, sin considerar el tipo ni la cantidad de residuos generados, lo que afectaría de manera desproporcionada a pequeños y medianos establecimientos.

Además, los gremios critican que se limite a una sola planta de tratamiento por región y un único relleno sanitario por provincia, lo cual afirman promueve la concentración del servicio en pocos actores, abriendo paso a posibles monopolios. También cuestionan la inseguridad jurídica generada por el tratamiento desigual entre rellenos sanitarios y otras infraestructuras ya aprobadas, lo que pone en riesgo la confianza de los inversionistas.

En cuanto al Fideicomiso de Gestión de Residuos, manifiestan preocupación por la composición del Consejo, que incluiría representantes de la industria beneficiaria directa del sistema, generando conflictos de interés.

Ante este panorama, Asonahores hizo un llamado a la Presidencia para observar detenidamente el proyecto antes de su promulgación, solicitando que las observaciones se discutan en un diálogo técnico plural y participativo, y reiterando su disposición a colaborar en una legislación más justa, sostenible y equilibrada.

A las voces críticas se sumó la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), que también expresó su preocupación por la aprobación de la ley sin ajustes técnicos esenciales. Su presidenta interina, Christy Luciano, advirtió que la normativa representa un retroceso en sostenibilidad, transparencia institucional y participación del sector privado, especialmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Ecored denunció que la ley debilita pilares de la economía circular, promueve monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin respaldo de estudios técnicos. Además,  alertó sobre el riesgo de permitir que actores con intereses económicos directos, como la Asociación de Gestores, tengan poder de decisión dentro del Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, lo que comprometería la institucionalidad del sistema.

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La organización también criticó el impacto negativo que tendría la renovación automática de contratos a largo plazo, limitando el acceso de nuevos emprendimientos, y cuestionó la falta de licitaciones públicas para asignar contratos clave en la gestión de residuos.

Ecored recordó que participó en múltiples espacios de consulta técnica en 2025, incluyendo reuniones con comisiones legislativas, pero muchas de sus recomendaciones fueron ignoradas. Entre las propuestas no acogidas figuran:

  • Calcular la contribución especial en función de los ingresos netos y no los brutos.
  • Establecer contratos de operación entre 3 y 5 años, en lugar de 10.
  • Incluir mecanismos de veeduría multisectorial.
  • Promover el reciclaje y valorización como motores de transformación industrial.
  • Asegurar la representación de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso.

Además, la organización empresarial advirtió que el proyecto, tal como está diseñado, presenta serios problemas de sostenibilidad financiera. De los más de RD$8,000 millones estimados en recaudación anual, más del 75 % estaría comprometido desde el inicio entre pagos a recolectores y transferencias a ayuntamientos, sin que se garanticen recursos suficientes para reciclaje, infraestructura o educación ambiental.

Tanto Ecored como los gremios turísticos reiteraron su apoyo al espíritu de la ley, pero insistieron en la necesidad urgente de revisar su arquitectura financiera, técnica y de gobernanza para evitar que el país pierda una valiosa oportunidad de transformar efectivamente la gestión de residuos sólidos.

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