La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación ante la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada este miércoles por el Senado de la República.
El vicepresidente ejecutivo del gremio, Mario Pujols, cuestionó la forma en que fue conducido el proceso legislativo, al señalar la ausencia de un espacio de diálogo amplio y participativo.
“El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se acostumbra en casos de proyectos de ley de tanta importancia como este. Nos sorprende aún más que no se haya convocado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible para conocer su parecer técnico respecto al tema”, expresó Pujols.
El dirigente empresarial afirmó que la industria nacional respalda la gestión adecuada de los residuos sólidos, pero advirtió su rechazo a la forma en que fue aprobado el proyecto y a la inclusión de una contribución especial sin estudios que sustenten su impacto.
“Lo que rechazamos, además de la manera acelerada e inconsulta en que fue aprobado este proyecto, es que se insista en el establecimiento de una contribución especial sin que medie un estudio técnico o un análisis de impacto regulatorio que justifique la magnitud de los incrementos propuestos”, sostuvo.
Pujols indicó que el gremio presentará sus observaciones ante las comisiones de la Cámara de Diputados, donde ahora pasa la iniciativa, con el objetivo de aportar insumos al debate legislativo.
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“Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para asegurar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir”, concluyó.
Sobre el ámbito municipal, el representante de la AIRD reconoció los desafíos financieros que enfrentan los gobiernos locales, aunque precisó que la solución no debe trasladarse a la ley de residuos sólidos.
“El marco legal aplicable a los ayuntamientos dispone que estos deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Si esa transferencia no ocurre o es insuficiente, la solución está en corregir ese mecanismo, no en trasladar la carga a la contribución especial de una ley ambiental que tiene un objetivo distinto y específico”, recalcó Pujols.
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