Santo Domingo.– La ocupación de espacios públicos para realizar actividades informales o ilícitas no puede enfrentarse únicamente con medidas de control del tránsito, debido a que se trata de una problemática en la que también inciden factores sociales, explicó Alexandra Cedeño, directora de Movilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Durante su participación en RD Debate 2026, Cedeño señaló que parte de la dificultad radica en que las personas son retiradas de las calles, pero posteriormente regresan a los mismos espacios, lo que genera un ciclo de intervenciones que no logra resolver la situación de manera permanente.
La funcionaria indicó además que esta problemática ha estado vinculada con hechos como el robo de cables del tendido eléctrico y de semáforos, por lo que su atención requiere la participación de distintas instituciones y no solo de las autoridades responsables de la fiscalización vial.
A su juicio, las acciones de control deben estar acompañadas de alternativas sociales y programas de desarrollo dirigidos a las personas involucradas, de manera que se atiendan las condiciones que contribuyen a la permanencia de estas situaciones.
“Es un conjunto de elementos; por eso tienen que tener un tratamiento social particular”, afirmó Cedeño.
Cedeño también se refirió a las responsabilidades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) frente a las atribuciones de los gobiernos locales.
Explicó que la autoridad en materia de tránsito tiene alcance nacional y que el Intrant ejerce la rectoría del sector, además de establecer planes y proyectos que posteriormente son articulados con los municipios y las alcaldías.
Sin embargo, aclaró que esa función no implica que el organismo intervenga en los procesos propios de la administración municipal ni en las políticas públicas locales aprobadas por los consejos de regidores.
De esta manera, distinguió entre las responsabilidades nacionales relacionadas con la regulación y planificación del tránsito y las competencias que corresponden a los gobiernos municipales en la administración de sus territorios.
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La representante de la Dirección de Seguridad Vial sostuvo que retirar a las personas de los espacios públicos no constituye por sí solo una solución cuando estas regresan posteriormente a los mismos lugares.
Por ello, planteó que la atención de estos casos debe involucrar a las instituciones que tienen responsabilidades en materia de seguridad, tránsito, administración del espacio público y atención social, de acuerdo con las características de cada situación.
El planteamiento busca que la fiscalización se combine con mecanismos sociales que permitan atender las condiciones que mantienen a determinadas personas ocupando las calles y otros espacios públicos.
Cedeño consideró que esta coordinación es necesaria para evitar que situaciones que afectan el uso de las vías y los espacios públicos sean abordadas exclusivamente desde la perspectiva del tránsito, cuando también involucran componentes sociales y de seguridad.
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