La movilidad sostenible se consolida como una tendencia con alto nivel de aceptación pública en América Latina, de acuerdo con datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade). La percepción positiva de este modelo de transporte alcanza el 77 % en Colombia y Costa Rica, el 75 % en Ecuador y Perú, y el 71 % en Chile, lo que evidencia una disposición creciente de la ciudadanía hacia formas de movilidad más sostenibles.
Esta voluntad de adopción no responde únicamente a una mayor conciencia ambiental. En la región, la movilidad cumple un rol social fundamental, ya que el 81 % de las personas la asocia con el acceso a mejores oportunidades laborales, mientras que el 62 % la vincula con mayores oportunidades educativas. Estos datos reflejan la importancia del transporte como herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo personal.
Sin embargo, pese a la aceptación social, persisten barreras críticas para los usuarios. Entre los principales obstáculos se encuentran el precio de compra de las tecnologías asociadas a la movilidad sostenible y la insuficiencia de la red de carga, factores que limitan su adopción masiva. A estos desafíos se suma la necesidad de avanzar en la descarbonización del transporte marítimo, un sector que representa aproximadamente el 3 % de las emisiones, y que también forma parte del debate sobre la transición hacia sistemas de transporte más limpios.
En este contexto, la movilidad sostenible se entiende como un concepto vinculado al desarrollo sostenible que hace referencia a los sistemas y modos de transporte capaces de satisfacer las necesidades de desplazamiento de la población de manera segura, eficiente y equitativa, reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida, tanto en el presente como para las generaciones futuras.
Este enfoque supone concebir el transporte como un derecho universal, adaptado a las necesidades de las personas, y sitúa en el centro a la movilidad activa y al transporte público como principales alternativas para la ciudadanía. Se trata de una política orientada a promover el bienestar mediante una movilidad más accesible, eficaz e inclusiva, que contribuye a reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire, recuperar espacio urbano para peatones y ciclistas y disminuir la accidentalidad.
Uno de los principales retos que aborda la movilidad sostenible es la reducción de la dependencia del vehículo privado. Aunque más de la mitad de la población no dispone de coche o carné de conducir, y pese a que el coche y la moto representan solo entre el 30 y el 40 % de la cuota modal, estos modos de transporte ocupan más del 70 % del espacio público urbano, lo que refuerza la necesidad de recuperar las ciudades para las personas.
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Entre los objetivos de la movilidad sostenible se encuentran la promoción y priorización de los desplazamientos a pie y en bicicleta, la mejora de la calidad de vida mediante espacios públicos más seguros y accesibles, el impulso de la inclusión social garantizando un acceso equitativo a medios de transporte eficientes, la reducción del impacto ambiental a través de la disminución de emisiones contaminantes y el fomento de la eficiencia energética, incluyendo modelos de movilidad compartida y un uso más racional de los recursos.
En cuanto a los tipos de movilidad, este enfoque establece un orden de prioridad. En primer lugar se sitúa la movilidad activa, por ser el modo más universal y el de menor impacto ambiental, incluyendo a las personas con discapacidad o movilidad reducida. En segundo lugar, el transporte público colectivo, como autobuses, trenes y tranvías de bajas emisiones, resulta clave para reducir la congestión y la contaminación.
A continuación, la movilidad de alta ocupación, como el carsharing, el motosharing y el carpooling, permite optimizar el uso de los vehículos. Por último, el vehículo privado queda relegado a un uso más racional, priorizando aquellos con menores emisiones y menor ocupación del espacio público.
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