Santo Domingo.- El anuncio del presidente Luis Abinader de que dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar a mediados de noviembre reavivó los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos ambientales y de participación comunitaria requeridos para ejecutar la obra.
El ambientalista Olmedo León calificó de ilegal la decisión de avanzar con el proyecto sin completar, según afirmó, los estudios de impacto ambiental, obtener los permisos correspondientes y realizar las consultas públicas necesarias con las comunidades que serán intervenidas.
León sostuvo que el procedimiento no se limita a presentar la iniciativa ante funcionarios y empresarios, sino que contempla dos vistas públicas: una inicial para dar a conocer el proyecto y otra en la que se presenta el estudio de impacto ambiental, como parte del proceso para obtener la licencia correspondiente.
El ambientalista explicó que, antes de la segunda vista pública, el estudio debe estar disponible para consulta de toda la ciudadanía con al menos 10 días de anticipación, de manera que los habitantes de las zonas involucradas y las instituciones puedan conocer los efectos de la infraestructura y las medidas previstas para mitigarlos.
A su juicio, las comunidades directamente impactadas son las que deben pronunciarse sobre la iniciativa y otorgar su aprobación, por lo que consideró insuficiente el encuentro realizado en Santiago.
«Lo que se hizo en Santiago fue un mamotreto con todos los funcionarios y los empresarios, ellos vinieron a levantar la mano y aprobaron. Pero son las comunidades que tienen que darle el visto bueno porque si no es una imposición», manifestó.
León cuestionó también que el proyecto haya avanzado sin que se haya completado esa segunda consulta. Afirmó que durante la primera presentación todavía no estaba elaborado el estudio ambiental y que, aunque se anunció que sería expuesto posteriormente, los trabajos comenzaron sin agotar ese requisito.
Cuestionamientos al proceso desde 2020
El ambientalista recordó que el presidente Luis Abinader se refirió a la construcción de la carretera en agosto de 2020, cuando, según su versión, todavía no existía un proyecto elaborado.
Agregó que en 2022 el mandatario volvió a referirse a la iniciativa y reconoció que aún no se había definido un trazado ni se contaba con el proyecto desarrollado.
«Ahora el proyecto lo han elaborado, pero los estudios ambientales no se han mostrado», expresó León, quien considera que la falta de acceso a esa documentación impide que la población conozca las consecuencias de la obra y pueda emitir una opinión fundamentada.
También cuestionó las declaraciones realizadas durante una actividad vinculada al proyecto, en la que, según indicó, Ginnette Bournigal manifestó que la carretera se construiría de todas formas. Para León, esa posición evidencia que la iniciativa se está imponiendo sin tomar en cuenta el procedimiento de participación ciudadana.
El ambientalista también puso en duda los argumentos sobre la reducción del tiempo de desplazamiento entre Santiago y Puerto Plata. Sostuvo que el punto de partida del proyecto desde Santiago fue trasladado hasta Tamboril, por lo que a ese recorrido habría que agregarle unos 20 minutos para llegar a dicha localidad.
«No es verdad que van a acercar a Santiago y a Puerto Plata, ya ellos movieron el punto de partida de Santiago, hasta Tamboril y Santiago no queda en Tamboril», afirmó.
A su entender, el propósito de la infraestructura es facilitar la conexión de Punta Bergantín con Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca y Santo Domingo.
León aclaró que tampoco puede emitir una oposición definitiva a la obra porque no conoce el estudio de impacto ambiental ni dispone de información pública suficiente sobre sus posibles efectos.
«No existe, no se conoce el estudio de impacto ambiental, no puedo oponerme, pero tampoco puedo aprobarlo», sostuvo.
Sin embargo, reiteró su rechazo a la forma en que se ha desarrollado el proceso, al considerar que iniciar los trabajos sin completar los procedimientos establecidos constituye «un atropello a las leyes y a los derechos del ciudadano».
Unidos Somos Más reclama detener la obra
Los cuestionamientos también fueron planteados a principios de noviembre por el movimiento Unidos Somos Más, integrado por sacerdotes y representantes comunitarios de Santiago y Puerto Plata, que exigió detener la construcción de la Autopista del Ámbar ante la ausencia de la licencia ambiental y la falta de aprobación del estudio de impacto ambiental.
En representación del movimiento, el padre Rainer Vásquez manifestó su preocupación por la manera en que se está ejecutando una infraestructura vial de esa magnitud, debido a los posibles efectos sobre los ecosistemas, los recursos hídricos, la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la Cordillera Septentrional.
Vásquez aseguró que los cuestionamientos no responden a especulaciones ni a motivaciones políticas, sino que están sustentados en documentos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Como respaldo, citó la comunicación OAI-RE-26-357, entregada el 27 de octubre de 2026, aunque fechada el 23 de octubre de ese mismo año. En ese documento, la institución informó que «el Estudio de Impacto Ambiental definitivo requerido en la referida solicitud, aún no ha sido aprobado en el marco del procedimiento técnico exigido por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00».
La comunicación también establece que, hasta esa fecha, no se había emitido licencia, permiso o autorización ambiental ni resolución administrativa sobre la obra.
El movimiento cuestionó además las actuaciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien difundió en sus redes sociales un video en el que anunció el inicio de los trabajos de la carretera y mostró equipos de construcción en la zona.
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Una vía de 32.7 kilómetros con peaje
De acuerdo con la descripción publicada en el portal de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, la Autopista del Ámbar contempla una infraestructura de aproximadamente 32.7 kilómetros, diseñada para una velocidad de 100 kilómetros por hora, que conectará Santiago de los Caballeros con Montellano, en Puerto Plata.
El proyecto incluye una estación de peaje cuya gestión de cobro estará a cargo del Fideicomiso RD-Vial. Sin embargo, la descripción del esquema establece que la totalidad de los ingresos por concepto de peaje corresponderá a la Sociedad Gestora.
El Fideicomiso RD-Vial tendrá a su cargo la administración del cobro en las estaciones de peaje de la Autopista del Ámbar y de la Autopista Circunvalación Santiago.
La ubicación de la infraestructura responde, según la explicación del portal, a la importancia de la Costa Atlántica como segundo polo turístico de República Dominicana. La región cuenta con más de 10,000 habitaciones hoteleras, campos de golf, restaurantes, aeropuerto, puerto comercial, puerto de cruceros, infraestructura vial, sistema sanitario y conexión energética.
En ese contexto, Puerto Plata es identificada como el principal centro urbano, comercial y turístico de la región Atlántica.
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