América Latina podría tener una oportunidad histórica para atraer inversiones en energías renovables a través de la implementación de un Impuesto al Carbono en el transporte marítimo, medida que la Organización Marítima Internacional (OMI) busca definir en abril.
Se estima que esta política podría generar hasta 60.000 millones de dólares anuales para financiar la transición energética en países en desarrollo.
Gracias a su potencial en el sector energético, la región podría consolidarse como un epicentro de producción de hidrógeno verde, impulsando la modernización portuaria y el desarrollo de una flota marítima sostenible con menor consumo de combustibles fósiles.
El papel de la OMI en la transición energética
La OMI, organismo especializado de la ONU, es responsable de establecer normas globales para la seguridad y sostenibilidad del transporte marítimo. Actualmente, trabaja en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con miras a la votación de esta política en la Sesión 83, que se celebrará en Londres del 7 al 11 de abril.
Según expertos, la adopción del Impuesto al Carbono no solo reduciría el impacto ambiental del transporte marítimo, sino que también podría generar hasta 4 millones de nuevos empleos para 2050, principalmente en el Sur Global.
América Latina avanza en la descarbonización
Países como Chile, Colombia y Perú ya han iniciado planes de desarrollo de hidrógeno verde, y los ingresos del impuesto permitirían acelerar estos proyectos, posicionando a la región como un hub estratégico para la energía limpia y la logística marítima sostenible.
En la última ronda de negociaciones de la OMI, celebrada en febrero, 61 países manifestaron su apoyo al impuesto, incluidos México y Dominica, que se sumaron a Panamá, Jamaica, Bahamas y Belice en el respaldo a la iniciativa.
Un llamado a la acción para los gobiernos latinoamericanos
Tania Miranda, Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, destacó la importancia de esta política para la región:
“Todos los países miembros de la OMI acordaron en 2023 descarbonizar la industria para mitad de siglo, y para ello es necesario imponer un precio global a las emisiones de carbono del transporte marítimo. Ahora, tienen la oportunidad de diseñar esta política de una manera que beneficie a nuestras comunidades e industrias”.
Miranda subrayó que este impuesto impulsaría la inversión en proyectos de energía renovable y fortalecería la resiliencia climática de los puertos y cadenas de suministro.
Un paso crucial en la cumbre de abril
Más de 45 países ya apoyan esta medida, que podría convertir a América Latina en un actor clave en la economía del futuro. En la próxima votación de la OMI, la región tiene la oportunidad de liderar el cambio, negociando beneficios económicos significativos en la transición energética global.
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