El presidente del Consejo Directivo de la de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible (Anadegas), Juan Elías Pérez, solicitó este martes al Ministerio de Trabajo intervenir para la revocación de obligación que tienen los propietarios que comercializan derivados del petróleo al pago elevado de entre RD$250, 000 y RD$260,000 por concepto de desechos sólidos.
Pérez instó al titular del Ministerio de Trabajo, Luis Miguel De Camps, enviar una comunicación al Tribunal Constitucional (TC) para que desestime el pago anual de ese monto, en virtud de que las pequeñas compañías detallistas de combustibles fueron colocadas en un segmento que no corresponde.
De acuerdo a Pérez, la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, clasificó a las empresas que dedican al comercio de combustibles como grandes empresas. Argumento que al momento de emitir esa legislación, no se tomó en cuenta que el número de ventas no se corresponde a las ganancias potenciales de esa actividad económica de ese sector, por lo tanto, reduce la capacidad de competencia frente a otras compañías con mayor poder económico.
“Nosotros presentamos ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, todavía estamos en proceso de esperar el veredicto final”, dijo.
Explicó que las autoridades del Ministerio de Trabajo están consciente que esa colocación en la clasificación de empresas no se corresponde con el volumen de beneficios y al mismo puntualizó que los pequeños detallistas de combustibles no emiten grandes cantidades de desechos sólidos como otras industrias.
“Nosotros tuvimos una reunión con De Camps y el mismo se dio cuenta que es injusto, es injusto, pero no hace nada”, detalló.
Deploró que el Consejo Directivo de Anadegas ha solicitado en tres ocasiones una cita con el titular del Ministerio de Trabajo, no obstante, no han recibido respuestas satisfactorias para que los pequeños detallistas de combustibles esté en un renglón que el corresponde según sus ganancias para el pago de desechos sólidos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Se recuerda que la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue emitida por el Poder Ejecutivo el 2 de octubre de 2020.
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