Auditoría revela irregularidades por más de RD$300,000 millones en el Ministerio de Hacienda entre 2016-2020

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló graves irregularidades administrativas y financieras en el Ministerio de Hacienda (MH) durante la gestión de Donald Guerrero Ortiz (2016-2020), por un monto superior a RD$300 mil millones, según consta en el Informe de Investigación Especial practicado a esa institución correspondiente al período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020.

De acuerdo con el documento, el Ministerio de Hacienda recibió el informe preliminar el 16 de mayo de 2025, pero no respondió dentro del plazo establecido, según la comunicación 003883/2025 remitida por la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador destacó que “pasado el plazo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no recibió las contestaciones en respuesta por parte del ministerio en calidad de réplica al contenido de este”.

Entre los hallazgos más relevantes, la auditoría señala la ausencia de manuales de políticas y procedimientos para el reconocimiento y pago de deuda administrativa, así como gastos ejecutados por encima de lo presupuestado, por un valor de RD$114,890,101 y RD$5,273,357 en distintas subcuentas.

El informe también detalla contratos sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República por RD$59,121,123,771, y pagos por expropiaciones sin los documentos correspondientes, que ascienden a RD$9,524,528,541. Asimismo, se identificaron expedientes de deuda administrativa sin evidencia de cumplimiento de obligación fiscal, por RD$8,640,276,546.

La Cámara de Cuentas reportó además pagos de sentencias condenatorias sin autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, por un valor de RD$7,163,768,655, junto a certificaciones de avalúo sin soporte y diferencias entre avalúos realizados y pagados, por RD$6,194,434,957. También se firmaron contratos sin avalúo del Catastro Nacional por RD$3,875,221,921, y avalúos posteriores a la firma de acuerdos por RD$332,739,330.

El documento indica que se realizaron pagos a beneficiarios distintos a los titulares legítimos, por RD$553,160,000, así como pagos de expropiaciones no incluidos en el Presupuesto General del Estado, por RD$18,478,714,266. Igualmente, se detectaron pagos por cesiones de crédito sin evidencias de derechos sobre los créditos cedidos, por RD$8,901,509,390, y desembolsos con expedientes incompletos valorados en RD$30,020,914,387.

Otro hallazgo apunta a contratos sin cláusulas de monto contractual por RD$4,906,161,497, además de facturas con número de comprobante fiscal inválido o vencido por RD$143,660,926, y facturas no emitidas a nombre de la entidad deudora, por RD$46,760,273. También se documentaron conduces, facturas y registros con fechas anteriores a los contratos o a las órdenes de servicio, por cifras que superan los RD$2,130 millones.

La auditoría detalla además pagos sin pasar por la Contraloría General de la República, por RD$61,244,484,216, y pagos por líneas de crédito de proveedores, por RD$22,632,462,090. En cuanto al sector de los juegos de azar, el órgano denunció la ausencia de licencias para operar centros de apuestas, así como la falta de planes de inspección y programas de fiscalización.

También se mencionan deficiencias en el programa informático “LoteríasRD”, adendas contractuales que superan el 25 % del monto original (por RD$11,818,154,508), y discrepancias entre obras contratadas y pagadas, por RD$1,121,681,679. Además, se detectó ITBIS no transparentado por RD$134,576,797, e ITBIS exonerado sin evidencia de aprobación congresual, por RD$29,652,429.

En sus recomendaciones generales, la Cámara de Cuentas ordena identificar a los funcionarios y servidores públicos cuyas actuaciones u omisiones dieron lugar a las irregularidades señaladas, así como resarcir los daños al erario y aplicar sanciones conforme a la ley.

Finalmente, el órgano fiscalizador instruye al Ministerio de Hacienda a elaborar e implementar un plan correctivo que fortalezca la gestión administrativa y financiera, y a presentar un Plan de Acción Correctivo en un plazo de 25 días calendario, conforme al artículo 74 del Reglamento de Aplicación de la Ley 18-24 de la nueva Cámara de Cuentas.

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