La política de máxima presión aplicada por Estados Unidos sobre Cuba cumple seis meses en medio de un escenario marcado por nuevas sanciones económicas, un bloqueo petrolero que ha profundizado la crisis energética de la isla y el desarrollo de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos, sin que estas hayan derivado en una reducción de las medidas adoptadas por Washington.
La estrategia comenzó el 3 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Desde entonces, la administración estadounidense ha incrementado las acciones de presión política, económica y militar contra Cuba. Entre las declaraciones públicas más recientes figura la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado a la isla como un “Estado fallido” y ha planteado la posibilidad de recurrir a una intervención militar.
Según reportes publicados por EFE, uno de los principales puntos de la estrategia fue la orden ejecutiva emitida el 29 de enero, mediante la cual se consolidó el bloqueo petrolero sobre Cuba tras la interrupción del suministro de crudo venezolano. Como consecuencia, la crisis energética se ha intensificado y los cortes eléctricos se han convertido en una constante para la población, que actualmente dispone de entre una y dos horas diarias de servicio eléctrico.
A esta medida se sumó otra orden ejecutiva, firmada el 1 de mayo, que establece sanciones secundarias para las empresas extranjeras con vínculos comerciales con el Estado cubano.
Tras su entrada en vigor, diversas compañías anunciaron su salida del país, entre ellas la minera canadiense Sherritt, varias cadenas hoteleras internacionales, las dos principales navieras que operaban en puertos cubanos y la entidad bancaria encargada de procesar operaciones con tarjetas Visa y Mastercard.
Mientras se mantiene el endurecimiento de las sanciones, ambos gobiernos desarrollan un proceso de conversaciones que fue reconocido oficialmente por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el 13 de marzo. El mandatario confirmó la existencia de contactos después de que Washington afirmara durante varias semanas que se estaban llevando a cabo negociaciones e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.
Durante este proceso surgió como interlocutor por la parte cubana Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y una figura considerada cercana al liderazgo político de la isla, aunque sin ocupar cargos oficiales.
Hasta el momento se han celebrado al menos cuatro reuniones presenciales. Dos de ellas tuvieron un carácter político, una en La Habana y otra en San Cristóbal y Nieves, aunque no se han divulgado detalles sobre los temas abordados.
Posteriormente se desarrolló un encuentro centrado en asuntos de seguridad, con la participación del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, así como otra reunión sobre cuestiones de defensa realizada en las inmediaciones de la base estadounidense de Guantánamo, en la que participó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan.
Washington mantiene como condición la realización de cambios estructurales en el ámbito político y económico de Cuba, mientras que el Gobierno cubano sostiene que esos asuntos forman parte de su soberanía nacional y no son objeto de negociación con otros Estados.
En paralelo a estas conversaciones, La Habana presentó y aprobó en menos de una semana un amplio paquete de reformas económicas, considerado por las autoridades como una de las transformaciones más significativas de la economía cubana en al menos quince años. No obstante, Díaz-Canel afirmó que estas medidas no responden a presiones provenientes de Estados Unidos.
La administración estadounidense ha sustentado su política de presión en distintos argumentos durante los últimos meses. Entre ellos figuran la crisis económica que atraviesa Cuba, la necesidad de reformas políticas, la supuesta presencia de infraestructura militar y de inteligencia vinculada a Rusia y China en territorio cubano, así como denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la existencia de más de un millar de personas encarceladas por motivos políticos.
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En el plano interno, las medidas coinciden con un agravamiento de las dificultades económicas y sociales. Los prolongados apagones afectan el funcionamiento de hospitales, centros educativos, servicios públicos, entidades bancarias y sistemas de telecomunicaciones, además de limitar la actividad industrial y el transporte público.
La escasez de combustible también ha impactado los servicios municipales, provocando la acumulación de residuos en distintos sectores de La Habana por las dificultades para operar los camiones recolectores.
En las últimas semanas también se han registrado manifestaciones en distintos puntos del país. Las protestas, caracterizadas principalmente por cacerolazos y quema de basura durante la noche, han sido realizadas por grupos reducidos de personas y, en algunos casos, han sido reprimidas.
Según la información disponible, estas acciones no presentan una coordinación política ni una estructura organizativa definida.
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