La República Dominicana atraviesa en estos días una combinación que resulta tortuosa para la ciudadanía: una ola de calor sofocante, apagones recurrentes, facturas eléctricas cada vez más altas y el riesgo constante de que los equipos domésticos se dañen con el vaivén de la luz.
El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, ha señalado a la generación y la transmisión como las responsables de las interrupciones. Sin embargo, su declaración deja fuera un aspecto fundamental: la cuota de responsabilidad de las empresas distribuidoras, que son las encargadas de realizar los cálculos para el cobro de la factura y garantizar que el servicio que llega a los hogares sea estable y acorde con lo que se paga.
En medio de este panorama, el hecho de que en el país se hable de huelgas y protestas refleja un malestar social que va más allá de las interrupciones puntuales. Es la evidencia de que el sector eléctrico sigue en crisis, y que sus problemas no se explican únicamente por la magnitud del subsidio estatal, sino por la falta de planificación estratégica que ha dejado un esquema desigual, injusto y difícil de sostener para el usuario cumplidor.
Quien paga su factura espera recibir electricidad continua y de calidad. En cambio, enfrenta apagones sin previo aviso, cobros que parecen no corresponderse con el consumo real y un silencio administrativo que erosiona la confianza en las autoridades y en las empresas.
La situación exige más que explicaciones parciales. Requiere un compromiso real de todos los actores del sector para coordinar soluciones integrales, que pongan al usuario en el centro y no lo conviertan en la víctima permanente de un sistema que, hasta ahora, parece hecho para justificar fallas en lugar de evitarlas.
