En 2024, Chile logró que el 40% de su generación eléctrica proviniera de fuentes solar y eólica, un hito en la transición hacia una matriz energética más limpia. Sin embargo, el avance trae consigo una paradoja preocupante: se desperdiciaron 5.900 gigavatios hora (GWh) de energía, una cifra que representa el 20% de toda la producción solar y eólica del país. Esta pérdida, conocida como vertimiento, aumentó un 148% con respecto a 2023.
El fenómeno, explican los expertos, se debe a que la expansión de los proyectos renovables está superando con creces el desarrollo de redes de transmisión y sistemas de almacenamiento. En particular, la energía solar generada en el norte chileno no logra ser trasladada hacia el centro y sur debido a la congestión de las líneas eléctricas.
“No está la infraestructura para traer esa energía al centro y sur de Chile, las líneas se congestionan y la energía se tiene que tirar”, explica Jorge Leal Saldivia, socio de la empresa chilena LAS Energy.
Falta planificación: un freno a las renovables
Para Rodrigo Palma, investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile, el problema también es de gestión. “Ha habido retrasos en la planificación energética. La entrada de solar y eólica no ha parado y el ritmo es mayor que la creación de capacidades desde el Estado”, señala. De continuar así, advierte, este desfase podría frenar la penetración de las energías limpias.
Mientras tanto, el país avanza en su meta de cerrar todas las plantas de carbón para 2040, lo que debería ser compensado principalmente con energía renovable. En abril, el gobierno anunció una licitación para ocho nuevos proyectos de mejora de red, sumados a los 12 iniciados en 2023. No obstante, uno de los proyectos más importantes, la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, enfrenta obstáculos por oposición de grupos sociales y ambientales.
Lecciones regionales: pérdidas que se repiten en América Latina
El caso chileno no es aislado. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la mitad de los países de la región han experimentado incrementos en sus pérdidas energéticas. Honduras, Venezuela y República Dominicana pierden más del 30%, seguidos por Jamaica, Paraguay y Guyana, con más del 20%.
El BID también advierte que las redes eléctricas son cada vez más vulnerables a los impactos del cambio climático. Esto obliga a los gobiernos a diseñar soluciones tanto técnicas como sociales.
Soluciones: almacenamiento, generación distribuida y justicia social
Entre las soluciones propuestas destacan los medidores inteligentes, aún poco extendidos en la región. “Estamos desaprovechando la posibilidad de medir en tiempo real”, afirma Martín Dapelo, directivo de CADER (Cámara Argentina de Energías Renovables).
Otra herramienta clave es el almacenamiento energético, donde Chile ha dado los primeros pasos, aunque aún de forma limitada. Además, la generación distribuida, en la que los consumidores producen su propia energía —por ejemplo, con paneles solares en casas o industrias— permitiría evitar la sobrecarga de la red.
Desde el plano social, formalizar las pérdidas entre sectores que no pueden pagar por energía también se plantea como una medida necesaria. “Con los que pueden pagar, se puede trabajar con sanciones y normativas. Pero para los que no pueden, el Estado debería tomarlo como parte de su presupuesto”, sostiene López Cariboni, quien llama a entender la energía como un derecho básico.
¿El mercado o el Estado? El dilema estructural de la transición energética
Para el experto Méndez, el caso chileno muestra que el mercado no puede decidir en solitario el rumbo del sistema energético. “Nos acostumbramos a que la planificación sea indicativa. Pero el sistema óptimo es aquel que mira al todo y determina la mejor combinación”, concluye.
En resumen, el vertimiento energético en Chile no es un problema técnico aislado, sino una señal de descoordinación estructural entre generación, transmisión y políticas públicas, que podría frenar el avance hacia un modelo energético más sostenible si no se toman medidas urgentes.
