La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) expresó su firme oposición a la aplicación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, argumentando que, en su forma actual, genera distorsiones en el aparato productivo y aumenta la carga económica sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.
Isabel Puig, directora ejecutiva de Coodopyme, subrayó que el momento económico actual no es compatible con la imposición de nuevas cargas al sector. “No es coherente hablar de estabilidad de precios mientras se incrementan los costos de producción de las MIPYMES. Esta ley genera un desbalance económico que inevitablemente terminará impactando al consumidor final”, señaló.
Aunque las MIPYMES están comprometidas con la sostenibilidad y la gestión responsable de residuos, Puig advirtió que el esquema vigente favorece la concentración del mercado y actúa como una carga recaudatoria desproporcionada.
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La dirigente empresarial también cuestionó la gobernanza del sistema, al destacar posibles conflictos de interés en la estructura actual: “Nos preocupa que quienes reciben los recursos tengan incidencia directa en su incremento. Esto afecta la transparencia, la confianza y la sostenibilidad del modelo.”
Entre las propuestas de Codopyme se incluyen el aplazamiento inmediato de la aplicación de la ley, una revisión técnica integral del marco regulatorio, la participación activa de las MIPYMES en el proceso, la reforma del fideicomiso para garantizar transparencia y un esquema escalonado acorde al tamaño empresarial.
Puig reiteró que la confederación mantiene una disposición al diálogo, pero firme en su defensa de la sostenibilidad y viabilidad de las MIPYMES dominicanas: “Estamos abiertos al diálogo constructivo, pero no podemos aceptar un modelo que comprometa la competitividad y la formalidad del sector.”
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