El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) propuso que las contribuciones establecidas en la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se calculen tomando en cuenta no solo el nivel de facturación de las empresas, sino también la cantidad de residuos que genera cada actividad económica.
La propuesta fue remitida al presidente Luis Abinader, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en medio del debate generado por las recientes modificaciones al marco legal que regula la gestión de los residuos sólidos en el país.
El gremio sostuvo que un sistema de contribuciones ambientales debe responder al principio de proporcionalidad, de manera que las empresas que generan mayores volúmenes de desechos realicen un mayor aporte al financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
El presidente del CNCP, Jorge A. Jerez Espinal, afirmó que la organización respalda los objetivos ambientales de la legislación, pero entiende que el esquema de contribuciones debe reconocer las diferencias entre los distintos sectores económicos.
“Nuestra propuesta no procura excepciones ni tratamientos preferenciales para el comercio. Lo que promovemos es un principio de equidad ambiental: que las contribuciones guarden una relación razonable con la cantidad de residuos efectivamente generados por cada actividad económica”, expresó.
Lea más: AIREN pide una revisión técnica antes de promulgar los cambios a la Ley de Residuos Sólidos
Piden un modelo más equitativo
El CNCP explicó que el comercio mayorista de provisiones se dedica principalmente a la distribución de alimentos y productos de primera necesidad, una actividad que, según indicó, opera con márgenes de rentabilidad reducidos y produce un volumen de residuos inferior al de sectores industriales o de transformación.
A juicio del gremio, incorporar variables como el tipo de actividad y el impacto ambiental permitiría diseñar un sistema de contribuciones más justo, fortalecer la legitimidad de la normativa y preservar la competitividad de sectores esenciales para el abastecimiento nacional.
La organización reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de un marco regulatorio que combine la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, mediante un proceso sustentado en el diálogo y criterios técnicos.
La propuesta se suma a las posiciones expresadas por distintos sectores empresariales, que han solicitado ampliar la discusión sobre la reforma a la Ley 225-20 para garantizar un esquema de financiamiento ambiental consensuado, sostenible y alineado con la realidad de cada actividad productiva.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
