El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, destacó la fortaleza del sector energético dominicano, subrayando su papel fundamental en el desarrollo del país.
Asimismo, resaltó el impacto de Punta Catalina, considerada una pieza clave para la estabilidad de la oferta eléctrica nacional, a pesar de las crecientes presiones presupuestarias derivadas de los subsidios eléctricos, que alcanzan más de US$1,700 millones en 2024, comparados con los US$550 millones registrados en 2020.
Durante una entrevista en el programa radial El Sol de la tarde , Dargam, abordó múltiples dimensiones del panorama nacional, reconociendo que la República Dominicana ha mantenido estabilidad política desde 1966, con elecciones libres y transiciones pacíficas, lo que ha sido crucial para sostener el crecimiento económico.
“El país ha experimentado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del promedio regional, con solo tres periodos de contracción en los últimos 35 años”, afirmó Dargam. Sin embargo, advirtió que el modelo actual enfrenta limitaciones estructurales: alta informalidad (57 %), bajos salarios y una legislación laboral desactualizada.
Plásticos de un solo uso: ¿prohibición o economía circular?
En cuanto a la propuesta de prohibición de los plásticos de un solo uso, el entrevistado se mostró crítico ante lo que calificó como “medidas de shock” que no están sustentadas en evidencia y que podrían traer consecuencias adversas. “Una ley que recién empieza a implementarse en el país ya tiene una propuesta de reforma sin base técnica clara, con proyecciones hechas al ojo por ciento”, advirtió.
A su juicio, este tipo de medidas, si no son bien pensadas, pueden incluso empujar a sectores completos, como la industria del plástico, hacia la informalidad. “No todos los plásticos son tóxicos. El plástico es una maravilla de la humanidad. El reciclaje y la economía circular deben ser parte de un nuevo modelo económico público-privado”, afirmó.
Criticó la idea de prohibiciones abruptas como algo “cool o sexy”, pero sin sustancia real para transformar estructuralmente el problema. En cambio, hizo un llamado a políticas públicas graduales, basadas en evidencia y con una visión adaptada a la realidad productiva nacional.
Sector laboral: informalidad, cesantía y salarios
Uno de los puntos más debatidos fue la situación del mercado laboral, donde el 70 % de los empleos formales son generados por el sector privado. Al sumar el empleo informal, este sector representa casi el 90 % del total. Dargam advirtió que el actual modelo económico presenta limitaciones estructurales evidentes, entre ellas: alta informalidad (57 %), bajos salarios y una legislación laboral desactualizada.
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Hizo énfasis en la necesidad de modernizar el Código Laboral, vigente desde 1992, y cuestionó si el actual esquema de cesantía es sostenible, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 85 % del tejido empresarial.
“La cesantía es un modelo que ya no funciona ni para grandes ni para pequeñas empresas. A las pymes, sencillamente, las asfixia. Y a las grandes, les genera una incertidumbre que afecta sus operaciones”, expresó.
Sobre la informalidad, Dargam la calificó como “el principal elemento diagnóstico del tránsito” y un “cáncer” que atraviesa todos los estratos sociales, afectando al Estado, a las empresas y a los consumidores.
“La formalidad es el capital asiático que se instala en nuestro país violando regulaciones, normas laborales y aranceles, y compite con el que formalmente ejerce el comercio”, agregó.
Detalló que la informalidad tiene un alto costo en recaudación fiscal, genera competencia desleal y debilita la seguridad del consumidor. Como parte de la solución, propuso el uso de tecnología y medidas administrativas para reducirla, estimando que esto podría elevar la presión tributaria en al menos un 1.5 % del PIB.
“Reducir la informalidad tiene un costo, pero también puede traer beneficios fiscales importantes”, apuntó.
A pesar del crecimiento sostenido que ha exhibido la economía dominicana, advirtió que los beneficios no se han distribuido equitativamente.
“El país ha crecido, pero la sociedad no ha experimentado ese crecimiento al mismo ritmo. Solo el 2 % de la población ha ascendido socialmente durante el ciclo de mayor expansión económica”, indicó.
No obstante, valoró los avances en materia salarial, destacando aumentos acumulados de hasta un 60 % en el sector no sectorizado en los últimos años. Aun así, insistió en que persisten desafíos de fondo:
“El modelo necesita ser repensado. La desigualdad, la informalidad y la baja productividad deben ser atacadas desde la raíz”.
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