Santo Domingo, República Dominicana.— La decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta enero, siempre que el subsidio no supere los RD$1,500 millones semanales, reavivó el debate sobre los criterios utilizados para fijar los precios locales y la aplicación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos, concebida para reflejar semanalmente las condiciones del mercado internacional.
La medida vuelve a poner en discusión el alcance de las intervenciones estatales para amortiguar las variaciones del petróleo y evitar que los cambios internacionales se trasladen directamente a los consumidores. Mientras el Gobierno establece un límite al gasto destinado al subsidio, usuarios cuestionan la falta de claridad sobre las razones que determinan cuándo se congelan los precios y cuándo se autorizan aumentos.
Miguel González, uno de los lectores consultados por Listín Diario, expresó que no siempre comprende el comportamiento de los combustibles frente a las variaciones del petróleo.
“Muchas veces el petróleo baja y los combustibles se quedan al mismo precio, pero si el petróleo sube, de una vez el Gobierno sube las gasolinas y el gasoil”, afirmó.
González también cuestionó que, pese a existir una legislación para regular los precios de los hidrocarburos, el Gobierno adopte decisiones que, a su juicio, responden a su conveniencia.
La Ley 112-00 fue concebida para que los precios locales reflejen semanalmente las condiciones del mercado internacional. Sin embargo, su aplicación ha estado acompañada de intervenciones estatales justificadas en la necesidad de amortiguar las variaciones y evitar que lleguen directamente a los consumidores.
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Ciriaco plantea modificar la ley y transparentar los precios
El economista y vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, consideró que el Gobierno debería impulsar una modificación de la Ley de Hidrocarburos y transparentar el Precio de Paridad de Importación (PPI).
También propuso reducir los márgenes de ganancias en el sector mediante una mayor competencia y la eliminación de barreras de entrada.
Sobre el anuncio del presidente Luis Abinader, Ciriaco Cruz sostuvo que debe interpretarse como una medida temporal, aunque advirtió sobre sus implicaciones para las finanzas públicas.
“En realidad, el anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, hay que verlo como una medida temporal, pero plantea un dilema fiscal importante en la medida que el subsidio no supere los RD$1,500 millones semanales”, señaló.
El economista explicó que los combustibles tienen un peso relevante en la estructura de costos de la economía, debido a su incidencia en el transporte y la distribución de bienes y servicios. Por esa razón, advirtió que un aumento brusco puede trasladarse a otros precios.
“Por tanto, un aumento brusco puede transmitirse hacia otros precios”, indicó.
El subsidio como amortiguador de un choque externo
Ciriaco Cruz explicó que congelar los precios funciona como un mecanismo temporal para contener el impacto de las variaciones internacionales. En lugar de trasladar inmediatamente esos aumentos a los hogares y las empresas, el Estado absorbe una parte mediante recursos fiscales.
“El Gobierno absorbe fiscalmente parte del incremento internacional en lugar de trasladarlo inmediatamente a hogares y empresas. Esa es, probablemente, su principal justificación económica”, sostuvo.
No obstante, consideró relevante que el anuncio establezca un límite de RD$1,500 millones semanales, porque introduce una restricción explícita al costo fiscal de la medida.
A su juicio, ese monto funciona como un techo y evita que se anuncie formalmente un subsidio sin límite. El planteamiento deja abierta la discusión sobre qué ocurriría con los precios cuando el costo de mantenerlos congelados supere ese umbral.
El debate, por tanto, no se limita a la decisión de subsidiar o trasladar las variaciones internacionales. También abarca la transparencia de los componentes que determinan el precio final, la competencia en el mercado de combustibles y la pertinencia de actualizar el marco legal que regula su cálculo.
Fuente: Listín Diario.
