El Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) denunciaron este jueves que los consumidores dominicanos estarían pagando hasta RD$30 adicionales por cada galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a distorsiones y falta de transparencia en la metodología utilizada para calcular el precio de los combustibles.
Los economistas Apolinar Veloz y el ingeniero José Moreno San Juan afirmaron que la estructura actual de fijación de precios del GLP incorpora costos que, a su juicio, deberían ser asumidos por las empresas importadoras y distribuidoras del sector, especialmente aquellos relacionados con inversiones en almacenamiento y respaldo operativo.
Según explicaron, las familias terminan financiando indirectamente gastos de expansión e infraestructura privada a través del precio final del combustible.
Las entidades académicas solicitaron al Gobierno revisar y actualizar la metodología de cálculo de los combustibles, argumentando que el actual esquema presenta inconsistencias que afectan directamente el bolsillo de los consumidores.
En el caso de las gasolinas premium y regular, señalaron que los precios actuales corresponden al valor real derivado de la metodología vigente, por lo que consideran que no existen subsidios efectivos sobre esos productos.
Sin embargo, indicaron que el diésel óptimo sí presenta una distorsión, debido a que actualmente se comercializa por debajo de su costo real.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinará RD$1,657 millones en subsidios para mantener sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 9 al 15 de mayo, como parte de las medidas para mitigar el impacto de la crisis energética internacional sobre los consumidores.
Con esta disposición permanecerán congelados los precios de la gasolina premium y regular, el gasoil óptimo y regular, así como el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural. En el caso del GLP, el galón continuará vendiéndose a RD$132.60, mientras el Estado asumirá un subsidio de RD$19.77 por cada galón consumido para evitar trasladar completamente las alzas internacionales al mercado local.
Asimismo, el Gobierno subsidiará RD$63.39 por galón de gasolina premium, RD$76.39 en gasolina regular, RD$88.01 en gasoil regular y RD$96.59 en gasoil óptimo. Según el MICM, estas medidas buscan proteger a la población de los efectos inflacionarios derivados del aumento de los precios internacionales del petróleo, manteniendo al mismo tiempo un manejo responsable de las finanzas públicas.
Temperatura y calidad del GLP
Durante la presentación, Apolinar Veloz también cuestionó que en República Dominicana no se aplique la norma internacional que establece que los combustibles deben despacharse tomando como referencia una temperatura estándar de 15.6 grados centígrados.
Explicó que, debido a que la temperatura promedio del país ronda los 28 grados, debería aplicarse una corrección técnica por expansión térmica.
Según sostuvo, la ausencia de este ajuste provoca que los consumidores reciban aproximadamente 0.17 libras menos de GLP por cada despacho, lo que representaría cerca de un 4 % del valor pagado actualmente.
Los especialistas también denunciaron supuestas irregularidades en la composición del GLP comercializado en el país.
Indicaron que la legislación establece una mezcla compuesta por 70 % propano y 30 % butano, mientras que, según afirmaron, en la práctica se distribuye una fórmula cercana a 90 % propano y 10 % butano.
Aseguraron que esta diferencia afecta el poder calorífico y la duración del combustible, aunque el consumidor continúa pagando el mismo precio.
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Impuestos y transporte
Otro de los aspectos señalados fue el impacto del impuesto ad valorem aplicado a los combustibles, estimado en alrededor de un 16 %, cuyo efecto aumenta automáticamente cuando suben los precios internacionales de importación.
De acuerdo con Veloz, esto provoca que los incrementos internacionales se trasladen con mayor intensidad al consumidor final.
Asimismo, criticaron la estructura de costos de transporte de combustibles en el país, argumentando que el sistema actual utiliza tarifas fijas que no consideran distancia ni volumen transportado, generando distorsiones en la distribución y mayores costos para las provincias más alejadas.
Ante esta situación, el Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Energía de la UASD solicitaron eliminar sobrecostos y cargos asociados al respaldo operativo, con el objetivo de reducir el precio final de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de la población.
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