Los datos disponibles en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) indican que durante el año 2025 las adquisiciones de vehículos realizadas por el Estado dominicano se agruparon en un número limitado de concesionarias, las cuales aparecen de manera reiterada como proveedoras de diversas entidades públicas.
Entre las razones sociales que, conforme a los registros oficiales, acumulan la mayor cantidad de contratos adjudicados se encuentran Viamar, SA; Bonanza Dominicana, SAS; Santo Domingo Motors Company, SA y Delta Comercial, SA, empresas que lideran la provisión de unidades vehiculares al sector público y que, de forma sostenida, han suplido automóviles a ministerios, organismos descentralizados y dependencias del Poder Ejecutivo.
A este bloque principal se añaden otros suplidores con una presencia relevante, aunque menos recurrente, como Magna Motors, SA; Autocamiones, SA; Lasa Motors, SRL y Motores del Sur, SRL, además de compañías que figuran de manera ocasional en los procesos de compra registrados.
Las entidades demandantes pertenecen mayoritariamente a áreas vinculadas con la seguridad y la defensa, la Presidencia de la República, programas de asistencia social, infraestructura y gestión ambiental, así como a gobiernos municipales.
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Entre las instituciones que solicitan unidades con mayor frecuencia figuran el Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso RD Vial, junto a organismos como Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep).
También figura el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, ayuntamientos, universidades y entes autónomos. La mayoría de estos requerimientos, supuestamente, se tramitó desde el Distrito Nacional, donde se concentran las principales sedes administrativas del aparato estatal.
Valores económicos
Las adjudicaciones efectuadas en 2025 van desde procesos de menor cuantía hasta compromisos contractuales de gran escala que superan los RD$100 millones, con un monto máximo identificado de RD$279 millones, según la información disponible en el portal de contrataciones.
Una parte significativa de las compras se sitúa en un rango intermedio de entre RD$25 y RD$60 millones, correspondientes a la adquisición de flotillas completas destinadas a fortalecer la capacidad operativa institucional, según las notas descritas en las solicitudes.
Estas compras se enmarcan en un escenario de aparente renovación y expansión del parque vehicular estatal, utilizado para labores de patrullaje, supervisión territorial, ejecución de planes sociales y apoyo logístico a proyectos de infraestructura, en un año caracterizado por una elevada demanda operativa de las entidades públicas.
Austeridad vs. adquisiciones
Entre las instituciones que han hecho públicas entregas de nuevos vehículos figura la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (Coraapplata), que anunció la incorporación de una flotilla destinada al Departamento de Transportación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y optimizar los servicios que ofrece en la provincia.
De igual manera, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó la adquisición de 21 vehículos por RD$65,534,580, destinados a reforzar la movilidad del personal que realiza labores de auditoría, fiscalización e inspección en distintas localidades del país. La compra incluyó 15 camionetas Toyota Hilux 4×4 2025, dos minibuses Toyota Hiace 2025, un autobús Toyota Coaster 2026 y tres automóviles sedán Kia Soluto, según los datos oficiales divulgados por la institución.
Estas adquisiciones se registran en un contexto de crecimiento sostenido del gasto estatal en vehículos durante los últimos años. Una investigación de Diario Libre, basada en datos de la DGCP, señala que la gestión del presidente Luis Abinader incrementó en un 123 % el gasto anual en la compra de vehículos en sus primeros tres años, pese a la vigencia de medidas de austeridad anunciadas desde 2021.
El reportaje detalla que, tras una caída del 87.21 % entre 2018 y 2020, cuando el gasto se redujo a RD$550 millones, la tendencia se revirtió a partir de 2021, año en que las instituciones destinaron RD$3,800 millones a estas compras. El monto continuó en ascenso hasta alcanzar RD$8,473.92 millones en 2023, bajó a RD$7,635.84 millones en 2024 y, en lo que va de 2025, ya ronda los RD$2,000 millones.
Según la DGCP, el gasto acumulado en vehículos durante la actual administración se aproxima a los RD$27,000 millones, impulsado principalmente por la adquisición de autobuses para el transporte escolar, unidades para operativos migratorios, camiones militares y ambulancias del sistema 9-1-1. No obstante, los registros también incluyen compras de vehículos de uso administrativo y yipetas para funcionarios, algunas autorizadas de manera expresa por la Presidencia, pese a las restricciones vigentes.
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