La reciente licitación del monorriel de Santo Domingo, a cargo del Fideicomiso para el Transporte Masivo (Fitram), ha generado una ola de críticas y cuestionamientos por parte de ingenieros, gremios del sector construcción y dirigentes políticos, quienes advierten sobre presuntas irregularidades, falta de transparencia y condiciones restrictivas en el proceso.
Según la revista Panorama, el proyecto, valorado en RD$28,462 millones, fue convocado apenas once días después del anuncio oficial de su construcción, hecho el pasado 28 de agosto de 2025, con un plazo de solo un mes y 14 días para la presentación de ofertas, tiempo que expertos califican como insuficiente para que las empresas interesadas cumplieran con los requisitos establecidos.
El llamado a licitación, identificado bajo la referencia Fitram-CCC-LP-2025-0001, contempla la contratación de ingeniería de detalle y construcción de la Fase I del sistema, que conectará Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. Sin embargo, varios técnicos consideran que el proceso favorece a empresas específicas, entre ellas Alstom y Constructora Acero Estrella, que ya trabajaron en el monorriel de Santiago.
Según fuentes consultadas por Panorama, el pliego de condiciones contiene especificaciones técnicas tan particulares que solo podrían ser cumplidas por las firmas que participaron en el proyecto anterior. “El documento describe medidas y características que corresponden al modelo de tren Alstom Innovia 300, utilizado en Santiago. Eso limita la libre competencia”, indicó un ingeniero del sector bajo anonimato.
Requisitos cuestionados
El análisis de los pliegos revela exigencias como contar con experiencia en la instalación de cambiavías de monorriel, sistemas “power rail” de más de 10,000 metros de longitud, y la disponibilidad de una planta de prefabricados para monovigas dentro del país.
De acuerdo con especialistas, estos requisitos dejan fuera a la mayoría de las empresas locales y extranjeras, ya que solo Acero Estrella posee una planta de este tipo en República Dominicana.
“El proceso parece diseñado a la medida. No se reconocen experiencias equivalentes en metros convencionales o viaductos ferroviarios, cuando técnicamente son comparables”, sostuvo el ingeniero Alex Ramírez de Marchena, quien advirtió que tales condiciones violan los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Reacciones del sector técnico y político
La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo exigió la suspensión inmediata del proceso, alegando que el mismo presenta irregularidades legales y económicas.
“El modelo de ejecución pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del transporte masivo. Además, el costo del monorriel supera al del Metro, pese a tener menor capacidad”, expresó el ingeniero César Fernández, representante del partido.
A las críticas se sumaron expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), quienes calificaron el modelo escogido como “técnicamente limitado, financieramente riesgoso y jurídicamente cuestionable”. En un documento conjunto, señalaron que el pliego de condiciones restringe la competencia y no exige experiencia comprobada en obras similares.
El arquitecto Carlos Sully Bonelly agregó que el proceso “carece de transparencia y otorga plazos inadecuados para una obra de esta magnitud”, mientras que otros expertos recordaron que en grandes ciudades como París, Ciudad de México o Santiago de Chile se apuesta por sistemas de metro pesado, y no por monorrieles extensos, debido a sus limitaciones estructurales.
El proyecto del monorriel
De acuerdo con los datos oficiales, la primera etapa del monorriel recorrerá 10.5 kilómetros desde la avenida Charles de Gaulle hasta el Centro Olímpico, con 12 estaciones y conexión con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.
El sistema transportará alrededor de 306,000 pasajeros diarios, con trenes de cuatro vagones y capacidad para 562 pasajeros cada uno. Su diseño permitirá una expansión futura a seis vagones, aumentando la capacidad a 34,000 pasajeros por hora por sentido.
El proyecto cuenta con un financiamiento estimado de US$500 millones, con el interés del Gobierno de Francia, país sede de la empresa Alstom, en cubrir hasta el 85 % del monto total.
No obstante, mientras Fitram asegura que el proceso se rige por los más altos estándares de transparencia, las denuncias sobre una licitación dirigida continúan generando debate en el país. Expertos del sector advierten que, de no revisarse los términos, la confianza pública en los procesos de contratación estatal podría verse seriamente comprometida.
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