En la segunda toma de posesión del presidente Luis Abinader este pasado viernes 16 de agosto, el jefe de Estado centró su alocución de que en los próximos cuatro años de su mandato (2024-2028), la República Dominicana tiene que abocarse a una serie de por lo menos ocho reformas sustanciales para dar el salto al desarrollo.
Abinader que corre para el segundo período al frente del timón del Estado dominicano, reconoce que una debilidad de su administración han sido las pérdidas que registran las distribuidoras de electricidad, por consiguiente, propone una transformación para reducir la merma en energía servida y no cobrada, en adición, la construción de infraestructuras de fuentes alternativas renovables y térmicas que inyecten una mayor cantidad de magavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Al respecto, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma al sector eléctrico en la República Dominicana haría crecer el Producto Interno Bruto (PIB), UN 0.75 % adicional en los próximos 30 años. Pese a la simpatía que pueden tener las reformas en ciertos segmentos de la sociedad, no menos cierto es que cambiar ese estados de cosas, requiere de consensos porque en un contexto internacional convulso, reformas múltiples en marcha se necesita si o si, garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad.
En pocas palabras, para reformas en el ámbito eléctrico se necesita gastar capital político y está por verse la decisión del presidente Abinader de abordar el sector eléctrico sin que esas medidas provoquen movilizaciones sociales. Es perentorio que en este ciclo, se busquen los mejores voceros para comunicar de manera efectiva esas acciones anunciadas por el nuevo gobierno que se instaló el 16 de agosto.
