En República Dominicana, casi el 17% de lo que un hogar destina a su canasta básica se va en transporte, este porcentaje no es solo una cifra fría; es una carga real sobre las familias dominicanas que día a día destinan una parte importante de su presupuesto a moverse, lo que impacta directamente en su calidad de vida. Comparado con otros países de la región, como Panamá (16.35%) y Honduras (16.10%), este es el porcentaje más alto, y casi el doble que en Nicaragua (8.93%).
Esta situación se ha convertido en un freno considerable para la economía, afectando tanto a los consumidores como a las empresas que dependen de un sistema de transporte eficiente y accesible. Según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), los dominicanos gastan más en transporte que en alimentos.
El origen del problema no radica en los precios internacionales de los combustibles, sino en la estructura obsoleta del sector de transporte. El sistema está controlado por sindicatos que gestionan las rutas, mientras que el Estado fija tarifas sin generar competencia real.
El resultado es un mercado cerrado con precios inflados, un servicio deficiente y tiempos de desplazamiento excesivos.
Este sistema no solo afecta al transporte público, sino también al transporte de mercancías, lo que aumenta los costos operativos para las empresas y eleva los precios para el consumidor.
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Al no contar con una competencia real, las empresas pierden competitividad, lo que repercute directamente en los precios de los productos y servicios.
La solución no pasa por seguir subsidiando el sector, sino por reformarlo: abrir el mercado a la competencia, reducir los impuestos sobre los combustibles y permitir la entrada de nuevos actores que generen un verdadero cambio.
Solo con una reforma estructural en el sistema de transporte, la República Dominicana podrá mejorar la competitividad y la calidad del servicio, lo que se traduciría en menores costos tanto para los consumidores como para las empresas.
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