EH Plus, Europa.-Las cinco principales organizaciones ambientales de España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF presentaron este miércoles un decálogo de propuestas para atajar la crisis económica y energética derivada de la guerra en Ucrania, entre ellas que el sistema eléctrico sea 100% renovable en 2030 para que entonces se desenganche de la dependencia de los hidrocarburos de Rusia.
El documento fue dado a conocer en una rueda de prensa en Madrid por Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra; Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción; Eva Saldaña, directora de Greenpeace; Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental y Convenios Internacionales de SEO/BirdLife, y Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.
Las 10 propuestas, repartidas entre soberanía energética y soberanía alimentaria, pretenden combatir el aumento de los precios de las materias primas, la energía y los alimentos, lo que afecta a las personas más vulnerables y a sectores específicos como el del transporte, la agricultura y la ganadería.
Esa “hoja de ruta para acelerar la transición ecológica justa”, en palabras de Rico, fue presentada la semana pasada a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Una de las medidas es acelerar la transición energética para “no depender de energías que financian la guerra” en Ucrania, según el documento.
Por ello, los ecologistas abogan por “impulsar un sistema eléctrico eficiente, inteligente, de fuentes 100% renovables y democrático para 2030” que se expanda a todo el sector energético en 2040.
No obstante, ese despliegue de energías limpias debe hacerse respetando zonas de valor ecológico y con prioridad en tejados, suelos degradados -urbanos e industriales- y en lugares de baja sensibilidad ambiental.
Otra se refiere a ayudas a la movilidad y la energía para grupos socioeconómicos más vulnerables, con la creación de un bono social para sufragar gastos de desplazamiento y una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores directamente afectados por la crisis energética.
“Se debe garantizar que la energía sea realmente un derecho, hasta ahora está siendo un privilegio de las grandes empresas”, indicó Saldaña.
Además, los ecologistas proponen reforzar el transporte público urbano y periurbano con apoyos directos a las empresas municipales de transporte y la implantación de más carriles bus o carriles VAO.
También en materia de soberanía energética, las organizaciones abogan por un plan de inversión a gran escala para descarbonizar los hogares en 2035 a través de un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables.
“Al menos un 20% de la rehabilitación de viviendas debe ser en hogares en situación de vulnerabilidad”, comentó Atienza.
Y defienden una revisión de los precios de la electricidad para que se desvinculen del gas y reflejen el coste real de su producción con el fin de beneficiar el abaratamiento de las energías renovables.
Servimedia
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