Ecuador atraviesa una situación crítica debido a los incendios forestales, el déficit hídrico y la sequía. En respuesta, el Gobierno decretó emergencia nacional por 60 días con el fin de contener la devastación ambiental y aliviar la presión sobre los recursos hídricos y energéticos.
Actualmente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reporta 17 incendios activos y 5 controlados, siendo las provincias de Azuay y Loja las más afectadas. Los incendios han arrasado 1,705 hectáreas de cobertura vegetal en Azuay desde el 1 de noviembre, incluyendo el Parque Nacional Cajas, uno de los más protegidos de Ecuador. Para contener la situación, se movilizaron dos brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF) y recursos de apoyo de Perú e Italia, incluidos ocho helicópteros con sistemas de transporte de agua ‘bambi bucket’. Hasta ahora, se han realizado 240 descargas en Azuay y 26 en Loja, sumando más de 200,000 litros de agua.
Crisis energética y reducción de apagones
La emergencia no solo afecta al medio ambiente, sino también a la vida diaria de los ciudadanos. Desde el 23 de septiembre de 2024, el país ha enfrentado cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias debido a la baja generación hidroeléctrica, producto de la sequía. La ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que los apagones se reducirán a ocho horas diarias gracias a la compra de 420 megavatios de potencia desde Colombia y la recuperación parcial de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que ahora genera 1,000 megavatios. Este alivio se produce luego de que Colombia reanudara el suministro eléctrico, suspendido en octubre por la propia sequía que afectó a ambos países.
La situación energética podría persistir hasta diciembre, con esperanzas de mejoría gracias al inicio de operaciones de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la llegada de generadores termoeléctricos. Además, el Gobierno busca acuerdos con empresas privadas colombianas para asegurar el suministro a mediano y largo plazo.
Impacto en la rutina diaria y esfuerzos de mitigación
En Quito, los cortes de electricidad han alterado la rutina laboral, educativa y doméstica de miles de familias. La reducción en la duración de los apagones representa un alivio temporal, pero se mantiene la preocupación sobre el impacto de la crisis hídrica en el país.
