El 85 % de las devoluciones de impuestos a combustibles favorece al sector eléctrico

Desde la promulgación del Decreto 275-16, emitido en octubre de 2016 para reglamentar la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre combustibles fósiles, sustituyendo exenciones fiscales por un sistema de reembolso condicionado, el Estado dominicano ha realizado devoluciones por miles de millones de pesos a sectores productivos, especialmente el energético.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Economía, a noviembre de 2025 el Estado había desembolsado RD$11,644.5 millones en devoluciones del Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a combustibles fósiles y derivados del petróleo a unos 20 sectores económicos, de los cuales el 85 %, equivalente a RD$9,944.8 millones, correspondió al sector eléctrico, incluyendo generadoras convencionales, de fuentes renovables y empresas distribuidoras.

El monto destinado al sector energético, que ascendió a RD$9,944.8 millones, contrasta con la persistencia de pérdidas significativas en las distribuidoras estatales de electricidad, que en los primeros meses del 2025 acumulaban pérdidas equivalentes al 44.2 % de la energía comprada, según informes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Recientemente, el déficit eléctrico ha vuelto al debate por cuestionamientos de los resultados en su reducción anual y la informalidad asociada al mercado de hidrocarburos, lo que ha llevado al sector privado a extender su disposición para colaborar.

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  • Además del sector eléctrico, también han recibido devoluciones industrias como la minera, turística, textil, del acero y otras empresas bajo regímenes especiales.

El decreto 275-16, firmado el 14 de octubre de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial No. 10860, nació como parte de la reforma fiscal introducida por la Ley No. 253-12, con la intención de reemplazar las exenciones directas de impuestos por un mecanismo de devolución sujeto a estrictos controles técnicos, administrativos y tributarios, reforzando la supervisión estatal sobre la importación, comercialización y uso de combustibles fósiles.

Bajo este sistema, las empresas generadoras de electricidad, industrias bajo regímenes fiscales especiales y otros agentes económicos pueden solicitar, de forma periódica, la devolución del pago del impuesto luego de cumplir con requisitos que incluyen la instalación de medidores fiscales para verificar el consumo real de combustible y la producción asociada de energía.

Objetivos y desafíos del sistema de devolución

Fachada principal del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad rectora del sector combustibles en República Dominicana.
Fachada principal del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad rectora del sector combustibles en República Dominicana.

El decreto contempla que el Gobierno supervise el consumo real mediante medidores fiscales y procedimientos conjuntos entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras instituciones, con el fin de asegurar que los recursos fiscales se utilicen conforme a lo previsto.

Sin embargo, críticos señalan que, a pesar de estas devoluciones millonarias, el sistema no ha logrado contener el déficit general del sector eléctrico ni reducir la informalidad en el mercado de combustibles, lo que mantiene el debate sobre la efectividad de los incentivos fiscales frente a la carga presupuestaria del Estado.

Este tema vuelve a cobrar relevancia en medio de discusiones sobre la reforma fiscal y las medidas necesarias para fortalecer la recaudación sin afectar la competitividad de sectores productivos clave.

Beneficiarios y requisitos técnicos

El Decreto No. 275-16 estableció que podrían beneficiarse del mecanismo de devolución las empresas contempladas en los párrafos I, II y III del artículo 19 de la Ley No. 253-12. Entre los requisitos centrales figura la instalación obligatoria de medidores fiscales para el control del consumo de combustibles y de la producción de electricidad, calor o flujo.

Las especificaciones técnicas de estos instrumentos debían ser definidas por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL).

En el caso de las empresas de generación de energía eléctrica, el reglamento dispuso un procedimiento de clasificación previo, a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, sustentado en estudios técnicos realizados conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Electricidad.

Las resoluciones de clasificación debían detallar, entre otros elementos, el código interno autorizado, el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), los productos sujetos al reembolso, los volúmenes máximos de consumo, la producción máxima de energía, el ratio de rendimiento y la verificación de los instrumentos de medición.

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Procedimiento de solicitud y fiscalización

Fachada de la Dirección General de Impuestos Internos.
Fachada de la Dirección General de Impuestos Internos.

El sistema de devolución establecido en 2016 dispuso que las solicitudes de reembolso debían presentarse de manera semanal ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), indicando la generación de energía eléctrica, el consumo de combustible y el monto del impuesto pagado.

Estas solicitudes quedarían sujetas a un proceso de preaprobación por parte del Ministerio de Hacienda, basado en información suministrada por los agentes de retención, distribuidores mayoristas, organismos del sector eléctrico y las propias empresas beneficiarias.

El reglamento estableció que, en un plazo máximo de cinco días laborables, el Ministerio de Hacienda emitiría una preaprobación del reembolso, sin perjuicio de un proceso posterior de aprobación definitiva.

Esta etapa incluía la verificación documental, inspecciones técnicas, evaluaciones periódicas del ratio de rendimiento y la eventual rectificación de montos no definitivamente aprobados.

Asimismo, la normativa dejó establecido que solo serían objeto de reembolso los combustibles importados directamente por el beneficiario o adquiridos a través de la Refinería Dominicana de Petróleo, otros importadores o distribuidores mayoristas debidamente autorizados.

Pago, auditoría y sanciones

Fachada de la Tesorería Nacional.
Fachada de la Tesorería Nacional.

En materia de pago, el decreto ordenó la creación de una cuenta especial de reembolso a cargo de la Tesorería Nacional, administrada operativamente por la DGII, destinada exclusivamente a canalizar los fondos correspondientes a la devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo.

Los pagos quedaron condicionados a que los beneficiarios estuvieran al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El reglamento incorporó, además, un esquema de auditoría posterior, asignando a la Contraloría General de la República la realización de fiscalizaciones trimestrales sobre los montos reembolsados.

La normativa advirtió que la utilización de combustibles reembolsados para fines distintos a los autorizados constituiría un delito tributario, conforme al Código Tributario, sin perjuicio de otras sanciones administrativas o penales.

Entrada en vigencia

El Decreto No. 275-16 estableció un período transitorio de tres meses para la implementación de los medidores fiscales y dispuso su entrada en vigencia treinta días después de su publicación oficial, derogando cualquier disposición de igual o menor jerarquía que le resultara contraria.

La normativa fue emitida en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y firmada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.

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