Santo Domingo.- La República Dominicana pudo haber alcanzado ya el grado de inversión. Todavía puede lograrlo. Pero no será por repetirlo en discursos oficiales ni por convencer durante unas horas a una agencia calificadora. Tendrá que demostrar que ordena sus finanzas, corrige déficits estructurales y usa el ahorro y la deuda para construir capacidad productiva.
El país no necesita inventar esa ruta. La definió hace catorce años en la Ley Orgánica 1-12, que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Allí están muchas de las reformas que hoy reclaman las calificadoras y los organismos internacionales. Promulgada el 25 de enero de 2012, tras un amplio proceso de consulta, no era el programa de un partido ni de un gobierno. Era —y jurídicamente continúa siendo— la hoja de ruta de la nación hasta el 31 de diciembre de 2030. Hemos administrado los años sin cumplirla plenamente. Ahora queremos una meta financiera internacional sin ejecutar el programa nacional que podía conducirnos a ella.
El grado de inversión significa que un país es un deudor confiable y de riesgo moderado. Implicaría acceder a más inversionistas institucionales, reducir la prima de riesgo y emitir deuda en mejores condiciones. También podría abaratar el financiamiento de bancos y empresas. Ese ahorro aparecería gradualmente al sustituir vencimientos y hacer nuevas emisiones. Con una deuda del sector público no financiero cercana a US$68,000 millones —alrededor de la mitad del PIB—, una baja sostenida de tasas liberaría recursos para infraestructura, educación, salud, agua y saneamiento.
Esa calificación no se concede porque una economía crezca unos años. Las agencias observan déficits persistentes, intereses, calidad del gasto, riesgos fiscales del sector eléctrico, fortaleza institucional y capacidad política para reformar. Hoy estamos a uno o dos escalones, según la agencia. Estar cerca no es haber llegado.
Los artículos 34, 35 y 36 de la Ley 1-12 ordenaron tres pactos nacionales: educativo, eléctrico y fiscal. El Educativo se firmó el 1 de abril de 2014. El Eléctrico, que debía concertarse en no más de un año, se suscribió el 25 de febrero de 2021. El Fiscal sigue pendiente. No son asuntos separados: forman una misma estructura de desarrollo.
El Pacto Fiscal debía financiar el desarrollo sostenible y sostener las finanzas públicas. La ley dispuso reducir la evasión, elevar la calidad del gasto, mejorar la equidad tributaria, racionalizar incentivos y aumentar el ahorro corriente, con normas y consecuencias de responsabilidad fiscal. La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal fue un avance: estableció una regla para limitar el crecimiento del gasto primario y fijó para 2035 un ancla de deuda del Gobierno General Nacional equivalente al 40 % del PIB. Pero una regla no sustituye el pacto pendiente ni resuelve ingresos insuficientes —la presión tributaria ronda el 16 % del PIB—, rigidez presupuestaria y baja calidad de parte del gasto.
El Pacto Eléctrico debía resolver la crisis estructural del sector y dar previsibilidad a la inversión. Sin embargo, las distribuidoras siguen perdiendo cerca del 39 % de la energía que compran, y en 2025 el Gobierno destinó más de US$1,600 millones en transferencias. Mientras esa fuga persista, el sector seguirá amenazando las finanzas públicas y la evaluación de nuestra solvencia.
El Pacto Educativo tampoco es ajeno. Una economía no sostiene indefinidamente un crecimiento alto con baja productividad, informalidad y aprendizajes deficientes. El 4 % del PIB aseguró un piso financiero; el compromiso real era elevar calidad, cobertura y eficacia. Gastar en educación no equivale automáticamente a educar.
Cumplir el Pacto Fiscal aportaría sostenibilidad; ejecutar el Eléctrico permitiría cerrar una de las mayores fugas presupuestarias; y materializar el Educativo crearía el capital humano necesario para crecer, producir y recaudar más. Los tres determinan la capacidad futura del Estado para pagar.
La END también ordenó canalizar el ahorro hacia el desarrollo productivo. La línea 3.1.3.4 dispone eliminar los obstáculos que dificultan dirigir el ahorro nacional hacia los sectores productivos, particularmente a inversiones de largo plazo. Otras disposiciones mandan diversificar prudentemente los fondos de pensiones mediante instrumentos seguros y rentables orientados a proyectos productivos y empleo, e impulsar la banca de desarrollo y el financiamiento de largo plazo.
La END no concibe el ahorro como fuente cómoda para financiar déficits, sino como capital para transformar la economía. El afiliado no puede gastar hoy lo reservado para su vejez; el Estado tampoco debería usar ese ahorro para gastos ordinarios. Debe crear instrumentos confiables para financiar infraestructura, energía, agroindustria, logística y empresas que generen los ingresos con los que se pagará ese financiamiento.
La misma lógica vale para la deuda. No toda deuda es mala, ni todo gasto corriente es improductivo. La pregunta es qué queda después de asumirla. La que construye infraestructura productiva, logística, transporte, agua, energía o capacidad exportadora puede generar ingresos futuros para pagarla. La que cubre déficits corrientes recurrentes deja el compromiso de pago, no necesariamente el activo para honrarlo. La END exige deuda compatible con la sostenibilidad, mejor calidad del gasto, gestión eficiente y un coeficiente mínimo de inversión pública. No propone endeudarse indiscriminadamente; obliga a vincular el presupuesto con las prioridades nacionales.
Por eso el grado de inversión no se alcanza reduciendo el déficit a cualquier costo. Si el ajuste sacrifica la inversión pública y conserva el gasto improductivo, mejora una cifra y debilita la economía que pagará la deuda. Necesitamos aumentar ingresos permanentes con equidad, racionalizar el gasto, reducir las pérdidas eléctricas, elevar el ahorro público y convertir más financiamiento en activos productivos.
El país conserva fortalezas reales: crecimiento, diversificación, estabilidad monetaria, turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera. Eso explica que estemos cerca. No garantiza que lleguemos. Si desde 2012 se hubiera cumplido el Pacto Fiscal, ejecutado el Eléctrico, convertido el 4 % educativo en mejores aprendizajes, elevado el ahorro público y orientado más financiamiento a inversión productiva, probablemente el país ya tendría esa calificación.
Todavía podemos hacerlo. El plazo de la END concluye en 2030 y obliga a pasar de celebrar avances parciales a evaluar cumplimientos, retrasos y resultados. El grado de inversión no es una meta aparte de nuestra estrategia de desarrollo. Es la consecuencia de hacer lo que el país consensuó y convirtió en ley. La ruta no hay que improvisarla ni buscarla fuera. Está escrita desde 2012. Lo que ha faltado no es estrategia, sino seguimiento, continuidad y cumplimiento.
