Han pasado varias semanas desde que el Gobierno informó que la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que conectará con el municipio de Los Alcarrizos, había superado el 90 % de avance en su construcción. Sin embargo, a simple vista, los trabajos en las estaciones y estructuras elevadas parecen haberse detenido o al menos desacelerado, lo que ha despertado preocupación entre residentes, usuarios potenciales y expertos del sector.
La falta de actividad visible, sumada a críticas de ingenieros sobre aspectos del diseño estructural, la estabilidad y la seguridad operativa, plantea una interrogante: ¿está realmente lista la obra para entrar en funcionamiento este mismo año, como ha prometido el Gobierno?
No se trata de cuestionar la relevancia del proyecto. Por el contrario, la extensión del Metro hacia Los Alcarrizos es una de las obras de infraestructura más importantes de la última década, tanto por su impacto social como por su alcance territorial. Se estima que beneficiará a más de 400,000 personas diariamente, reduciendo tiempos de traslado, disminuyendo el gasto en transporte y mejorando la calidad de vida en uno de los municipios históricamente más excluidos de la inversión pública en movilidad.
Pero precisamente por su importancia, esta obra no puede ni debe improvisarse. La premura política nunca debe superar los criterios técnicos. La estabilidad de las estructuras elevadas, la calidad de los materiales, la seguridad de los usuarios y la adecuación del diseño a las condiciones del terreno deben ser prioridades no negociables. La ciudadanía merece un metro funcional, pero sobre todo seguro y duradero.
También es momento de exigir mayor transparencia en los cronogramas y presupuestos. Si hay atrasos, deben explicarse. Si hubo modificaciones técnicas, deben comunicarse. Si hay críticas fundadas por parte de expertos, estas deben ser escuchadas y, si corresponde, incorporadas. La comunicación clara y honesta es parte fundamental de cualquier proyecto público moderno y participativo.
El Metro hacia Los Alcarrizos representa una promesa de dignidad urbana, una oportunidad de saldar una deuda histórica con una población trabajadora y resiliente. Pero toda promesa, si no se cumple con responsabilidad, corre el riesgo de convertirse en decepción.
Desde este espacio, insistimos: invertir en infraestructura es vital, pero hacerlo bien y sin opacidad es innegociable. La obra debe avanzar, sí, pero sobre rieles firmes y confiables, no sobre silencios ni dudas.
