La reciente aprobación en segunda lectura por parte del Senado de la República Dominicana de la modificación al artículo 4 de la Ley 4532, de 1956, representa un cambio clave en la política energética nacional. Esta reforma autoriza la participación de empresas extranjeras en la exploración y explotación de hidrocarburos, bajo la condición de incluir una participación mínima dominicana del 15 % en su estructura accionaria.
Según explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, se trata de un paso “importante” para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía, sin que el Estado tenga que comprometer fondos públicos. “Es el inversionista quien pone el dinero y a riesgo el mismo”, afirmó.
“Ese porcentaje mínimo de acción no equivale al porcentaje de ganancia del Estado a nivel del contrato. En una fase posterior, si se encuentra petróleo o gas, se negocia una participación estatal, que a nivel internacional suele ser de al menos un 45 %”, detalló el funcionario.
Base legal y constitucional
La reforma busca también alinear la ley con el artículo 221 de la Constitución, que garantiza la igualdad de condiciones para la inversión nacional y extranjera, respetando siempre los límites establecidos en las leyes locales.
El nuevo texto del artículo 4 permite que, además de ciudadanos dominicanos, puedan otorgarse concesiones a personas jurídicas extranjeras, sean públicas, privadas o mixtas, bajo legislación nacional. El Párrafo I establece que estas empresas deben contar con al menos un 15 % de accionistas dominicanos.
La propuesta fue previamente aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, sometida por la diputada Eduviges María Bautista Gomera, y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación por parte del presidente Luis Abinader.
Preparan segunda ronda petrolera para 2026
Este avance legal se enmarca dentro de los planes del Ministerio de Energía y Minas de lanzar una segunda ronda petrolera en noviembre de 2026. Para ello, se trabaja en la licitación de data sísmica 2D y 3D, que permitirá conocer las áreas con mayor potencial de yacimientos en el territorio nacional.
“La información del subsuelo será pública para los inversionistas”, afirmó Santos, quien también señaló que los contratos de exploración seguirán regulados por la Ley 4532, y deberán ser “competitivos y ajustados al régimen especial que indica la norma”.
Consulta técnica y respaldo institucional
Antes de su aprobación, la propuesta fue evaluada por la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, que consultó con técnicos, especialistas del área y representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). A partir de sus observaciones, la comisión rindió un informe favorable al Pleno.
Con esta decisión, la República Dominicana da un paso firme hacia la modernización de su marco legal energético, en un contexto de creciente interés por identificar y aprovechar posibles reservas nacionales de petróleo y gas natural.
