Energía, transporte y construcción concentran mayoría de las 47 empresas sancionadas por DGCP

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación y suspensión del Registro de Proveedores del Estado de 47 empresas y personas físicas vinculadas a casos de corrupción y delitos contra la administración pública.

De estas, más de la mitad corresponden a sectores estratégicos como energía, hidrocarburos, construcción, transporte, minería y tecnología. 

El director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la decisión se apoya en informaciones remitidas por la Procuraduría General de la República y en lo establecido por las leyes 340-06 de Compras y Contrataciones y 107-13 de Procedimiento Administrativo.

“Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”, expresó Pimentel.

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Empresas y personas sancionadas, según sector:

Energía e hidrocarburos

  1. Ichor Oil

  2. Sila Energy, SRL

  3. YHWH Energy Trust, SRL

  4. Refrigeración y Plantas Eléctricas Almonte Tull, SRL

  5. Wattmax Dominicana, SRL

  6. Globus Electrical, SRL                                                                                 

    Construcción

    1. Mac Construcciones

    2. Constructora Carrasquero, SRL

    3. Constructora Morel Grullón y Asociados, SRL

    4. Espacio & Arquitectura, SRL

    5. Constructora Alcántara Bobea (CONALBO)

    6. Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL

    7. Constructora Progecorp, SRL

    8. Constructora Integrada

    9. Constructora del Sur, SRL (Consur)

    10. Oficina de Arquitectura Federal, SRL

    11. Consorcio Dominicano del Sur (Condosur), SRL

    12. Construcciones y Pavimentos Adanromar, SAS

    13. Lora Marte & Asociados Ingenieros Civiles, SRL

    14. Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico, SA

    15. Condi, SRL

    16. Inmobiliaria S&J, SRL

    17. Inversiones Ecoturísticas Hotel Maguana, SRL

    18. Constructora Alcántara Sabala (Conalsa), SRL

    19. Constructora Dominsa, SRL

    Transporte y logística

    1. Smart Logistics International, SRL

    2. Max Logistik, SRL

    3. United Suppliers Corporation, SRL

    Minería y reciclaje

    1. DACD Metal & Recycling Export, SRL

    Tecnología

    1. Tecnologías Inteligentes (TECNITES), SRL

    2. Nextgen Sales, SRL

    3. Smart Logistics International, SRL (también vinculada a transporte)

    Otros proveedores

    1. La Parasata Mercantil

    2. Comercial Viaros

    3. Rogama, SRL

    4. F & F Ezel Import

    5. Herrajes Rachell, SRL

    6. Divamor Group, SRL

    7. Ropalma, SRL

    8. Inversiones Zwaziland EIRL

    9. Distribuidora Ropi, SRL

    10. Abastesa, SAS

    11. Meljo Comercial, EIRL

    12. Optumus, EIRL

    13. Domedical Supply

    14. Fuel American Inc

    15. General Supply Corporations

Modalidad de sanciones

La resolución emitida por la DGCP establece tres modalidades de sanción para los proveedores del Estado involucrados en casos de corrupción. De esas, 21 empresas y personas físicas fueron canceladas de manera definitiva, quedando inhabilitadas de forma permanente para contratar con el Estado; 14 proveedores recibieron suspensiones provisionales mientras se desarrollan los procesos judiciales en su contra.

Mientras que, 12 compañías enfrentan suspensiones automáticas, como medida preventiva, debido a que sus socios o directivos están vinculados a procesos judiciales.

En el caso de las cancelaciones definitivas, los proveedores quedan inhabilitados de manera permanente para contratar con el Estado. Las suspensiones, en cambio, podrían levantarse solo si los implicados obtienen una decisión judicial favorable.

La DGCP notificó la resolución a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República.

“Con esta acción buscamos enviar un mensaje claro a la ciudadanía y a los actores del mercado público: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley”, concluyó Pimentel.

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