El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, afirmó este miércoles que, si los ayuntamientos mantienen una deuda de US$300 millones con las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), estas también incumplen disposiciones legales y una sentencia del Tribunal Constitucional que les obliga a realizar pagos a los gobiernos locales.
Núñez sostuvo que las EDES no han dado cumplimiento a la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional, ni a lo establecido en el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01, lo que según dijo ha generado un escenario de obligaciones financieras recíprocas entre ambas partes.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, las EDES deben pagar mensualmente el 3 % de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales. A su vez, los ayuntamientos están obligados a cubrir el consumo eléctrico correspondiente al alumbrado público y demás instalaciones.
El dirigente municipal señaló que, desde 2013 hasta la fecha, las empresas distribuidoras no habrían cumplido con este mandato, lo que ha derivado en lo que calificó como una deuda “incalculable” a favor de los gobiernos locales.
Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional estableció que este 3% no constituye un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria, y que su aplicación se encuentra dentro de los límites legales.
Núñez explicó que la morosidad asociada al servicio de alumbrado público es uno de los factores que inciden en el déficit presupuestario de los ayuntamientos, limitando su capacidad para cumplir con sus funciones básicas.
Relacionadas: Ayuntamientos concentran el 54% de la deuda eléctrica: RD$18,149 millones
“El incumplimiento de las EDES impacta directamente en la situación financiera de los cabildos”, sostuvo el presidente de Fedomu al referirse a los desafíos económicos del sector municipal.
En el debate sobre las obligaciones financieras, el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Celso Marranzini, ha señalado que la falta de pago por parte de las alcaldías representa una carga para el Estado, estimada en US$300 millones en el último año.
Sin embargo, Núñez reiteró que la situación debe analizarse como una relación de deuda mutua entre ambas partes, en la que según afirmó también existen compromisos incumplidos por parte de las empresas distribuidoras de electricidad.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
