La entrada en funcionamiento del nuevo corredor de la avenida Independencia podría dejar fuera del sistema a unos 700 choferes si no se asegura su incorporación al esquema operativo previsto, advirtió el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres.
El dirigente explicó que, aunque la licencia del corredor fue concedida a una cooperativa vinculada al sector transporte, existe preocupación entre conductores y propietarios de turnos ante la posibilidad de quedar excluidos durante el proceso de reorganización de la ruta.
En la actualidad detalló en la avenida Independencia funcionan cerca de 1,400 turnos, lo que equivale al mismo número de vehículos, entre carros y guaguas. Una proporción significativa corresponde a trabajadores de edad avanzada que dependen directamente de los ingresos que generan, ya sea conduciendo sus propias unidades o alquilándolas.
Hubieres sostuvo que los sindicatos que operan en la zona, aunque funcionan de manera descentralizada, están regulados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y cuentan con derechos acumulados tras décadas de trabajo continuo en la ruta.
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Propuesta de integración
El presidente de Fenatrano aclaró que la organización no rechaza la implementación del corredor. Su planteamiento dijo es que el proceso garantice la permanencia de los actuales operadores dentro del nuevo modelo.
Según explicó, la estructura proyectada permitiría que los propietarios de turnos participen como accionistas en el fideicomiso encargado de administrar los recursos del corredor, obteniendo beneficios proporcionales a su inversión y al tiempo de servicio acumulado.
“El problema no es la modernización, sino que se desconozcan derechos adquiridos”, expresó el dirigente, al insistir en que ningún trabajador debe ser excluido sin compensación ni alternativas claras de integración.
Hubieres recordó que experiencias anteriores en otros corredores han derivado en tensiones sociales cuando no se alcanzaron acuerdos previos con los choferes afectados. Por ello, llamó a las autoridades y a los responsables del proyecto a conducir el proceso con transparencia y bajo el marco constitucional y legal vigente.
Reiteró que el sector transporte no se opone a los planes de modernización del sistema, pero subrayó que cualquier transformación debe contemplar el impacto social, especialmente en las familias que dependen de la operación tradicional de la ruta para su sustento diario.
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