La Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que explique de manera transparente el destino de los fondos recaudados por concepto de multas de tránsito.
La organización denunció que, tras casi cinco años de gestión, persisten graves deficiencias en la movilidad vial del país sin evidencias de una inversión efectiva de esos recursos en el fortalecimiento del sistema.
Según la Secretaría, los recursos generados por infracciones no están fortaleciendo a los organismos responsables, como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ni la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Esto, según afirmaron, limita la implementación de un régimen de consecuencias efectivo para reducir la alta tasa de siniestralidad vial en el país.
Durante la reciente comparecencia del director del INTRANT, Ing. Milton Morrison, ante el Senado, la FP identificó signos de una profunda crisis de autoridad en la gestión del tránsito, caracterizada por fragmentación institucional, recursos insuficientes y la falta de una estrategia clara.
Críticas a la política de tránsito del gobierno
“El sistema de movilidad enfrenta una parálisis funcional: las competencias se solapan, la colaboración entre instituciones es débil, y ninguna entidad asume plenamente el liderazgo que la situación requiere”, expresa el documento oficial de la Secretaría de Seguridad Vial.
Asimismo, la organización denunció que el gobierno está aplicando políticas recaudatorias sin solucionar las fallas estructurales y operativas del sistema. Según indicaron, tras el fracaso de la reforma fiscal, las autoridades buscan imponer cargas económicas a los ciudadanos sin garantizar mejoras en la gestión del tránsito, infraestructura vial ni el parque automotriz.
Rol de los ayuntamientos y la DIGESETT
La Secretaría también cuestionó la capacidad operativa de los ayuntamientos y su desvinculación del sistema nacional de movilidad. Según denunciaron, los municipios enfrentan limitaciones técnicas y financieras que impiden una gestión territorial efectiva del transporte.
En el caso de la DIGESETT, organismo responsable de la fiscalización y control en las vías, se criticó su recurrencia a medidas represivas poco efectivas debido a la falta de entrenamiento del personal y la ausencia de inversión en su fortalecimiento institucional.
“La seguridad vial no se logra con propaganda ni sanciones aisladas. Se requiere inversión real, liderazgo estatal y coordinación entre todos los actores del sistema, como establece la Ley 63-17”, subraya el comunicado.
Llamado a la transparencia
La Secretaría de Seguridad Vial de la FP hizo un llamado urgente al gobierno para que revise la asignación de los fondos provenientes de multas, transparente su uso y garantice su inversión en acciones concretas que reduzcan la morbilidad y mortalidad en las calles del país.
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