El abogado Francisco Franco Soto, recién juramentado como miembro de la Cámara de Cuentas, llega al órgano fiscalizador mientras sigue abierta una disputa judicial relacionada con un contrato mediante el cual ofreció servicios legales a exintegrantes de esa entidad, acusados de manipular auditorías durante su gestión.
Franco Soto fue parte del equipo de abogados contratado para representar al expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), junto a los exfuncionarios Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz, investigados en el caso “Operación Caracol”. El acuerdo legal, que superó los seis millones de pesos, fue financiado con fondos públicos.
Posteriormente, la gestión encabezada por Janel Ramírez Sánchez, que sustituyó a la de Álvarez Pérez, solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarar lesivo al interés público dicho contrato, suscrito a través de la firma Inteligencia Legal, SRL —representada por Jennifer Rodríguez Gómez— y por el propio Franco Soto.
La Cámara de Cuentas saliente argumentaba que los exmiembros señalados debían asumir personalmente los costos de su defensa legal, en lugar de recurrir al presupuesto estatal.
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En enero de 2023, la Quinta Sala del TSA acogió esta solicitud y anuló la resolución que había aprobado el contrato, al considerar que violaba la normativa vigente. No obstante, esa decisión fue apelada en casación y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) devolvió el expediente a la Cuarta Sala del TSA, señalando fallos de forma en la motivación de la sentencia.
La Cuarta Sala, a finales de diciembre de 2024, emitió un nuevo fallo que mantuvo la validez del contrato con Franco Soto e Inteligencia Legal, SRL. Para los jueces Román A. Berroa Hiciano, Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario, la Cámara de Cuentas no fundamentó adecuadamente las razones para revocar el acuerdo, lo que —alegaron— vulneró el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica de las partes involucradas.
Esta nueva decisión fue recurrida nuevamente por la Cámara de Cuentas en marzo pasado ante la Suprema Corte, donde el caso sigue pendiente de conocimiento y aún no tiene fecha de audiencia.
Mientras el proceso se resuelve, Franco Soto asume sus funciones en el órgano responsable de velar por el uso correcto de los recursos públicos, en medio de cuestionamientos sobre su pasado vínculo legal con exfuncionarios señalados por corrupción.
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