El reciente hallazgo de un cargamento de drogas oculto en un camión de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) operado por una supuesta empresa vinculada a Anbal, ha encendido todas las alarmas. Lo que debería ser un sistema bajo estricta supervisión por el riesgo que implica transportar combustible, ha terminado siendo utilizado como vehículo para el crimen organizado.
El problema no es solo la droga, sino todo lo que esa escena revela: vacíos de control, empresas fantasmas y una peligrosa cultura de impunidad.
¿Dónde falló el Estado? ¿Quién supervisa a las empresas que operan bajo el paraguas de Anbal? ¿Cuántos otros camiones similares circulan cada día por nuestras calles sin que nadie sepa realmente a quién pertenecen o qué transportan? En un sector tan delicado como el hidrocarburo, la trazabilidad de los vehículos y la verificación de las empresas debe ser una prioridad nacional.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las auditorías técnicas y administrativas en el sector del GLP, así como una revisión profunda del marco regulatorio que permita evitar que el crimen encuentre refugio en la opacidad empresarial. No es la primera vez que una empresa de papel aparece en el centro de un escándalo. Lo que sí sería imperdonable es que esta vez todo vuelva a quedar en silencio.
Buscamos respuestas. Pero más que eso, abogamos por un sistema que funcione, que proteja a los ciudadanos y que impida que el transporte de combustibles sea el próximo canal preferido del narcotráfico. Porque cuando el crimen se disfraza de empresa y el control brilla por su ausencia, todos estamos en peligro.
