El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, anunció que el este 30 de julio el Gobierno se reunirá con el Consejo Económico y Social (CES) para reactivar el Pacto Eléctrico, tras su suspensión en julio del 2022 debido a las condiciones económicas internacionales y al rechazo ciudadano frente al aumento escalonado de la tarifa eléctrica
Al ser abordado en una rueda de prensa convocada por el MEM para informar sobre los niveles de exportación del larimar, el ministro explicó que ya se evidencian avances en el sector, destacando que dos de las empresas distribuidoras de electricidad han reportado reducciones en las pérdidas en lo que va de año.
“Estamos planteando la reactivación del Pacto Eléctrico. Se va a presentar un informe de los avances que ya tiene el pacto y el objetivo es abordar los puntos pendientes para poder avanzar en este proceso, lo cual tiene importantes implicaciones sobre el futuro y la gestión de la distribución”, afirmó.
Además, Santos Echavarría destacó que también se discutirán aspectos relacionados con la facturación, la transparencia y el procesamiento adecuado de la información del sistema eléctrico.
El Pacto Eléctrico, un acuerdo multisectorial para transformar el sector energético, fue firmado en febrero de 2021 por partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales, tras varios años de negociaciones iniciadas durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Su origen se enmarca en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que contempla tres grandes pactos: el fiscal, el educativo y el eléctrico.
Sin embargo, en 2022 el presidente Luis Abinader decidió suspender su ejecución, en respuesta al malestar social por los aumentos progresivos en la tarifa eléctrica. El mandatario aseguró que no se aplicarían nuevos incrementos hasta que el pacto fuera revisado y adaptado al nuevo contexto económico global.
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Ejes claves del Pacto Eléctrico
El Pacto Eléctrico contiene medidas estructurales para garantizar un sistema energético más eficiente, sostenible y transparente. Algunos de sus ejes más relevantes son:
- Rol del Estado: El Estado conservará control monopólico sobre la generación hidroeléctrica mayor de 5 MW y sobre la transmisión nacional. Se abrirá la participación privada y solidaria en generación y distribución bajo diferentes esquemas contractuales.
- Reestructuración institucional: La Superintendencia de Electricidad asumirá un rol más independiente, mientras que la CDEEE será reestructurada para eficientizar su gestión.
- Protección al consumidor: Se establecen mecanismos para facilitar la regularización de usuarios irregulares, acceso a información detallada sobre consumo, facturación y reclamos, y programas de educación al usuario.
- Alumbrado público y riesgos eléctricos: Se plantea mejorar la calidad del alumbrado público, integrar protocolos de respuesta ante emergencias eléctricas al Sistema 911 y promover una cultura de prevención en la ciudadanía.
- Gestión de empresas eléctricas: Las distribuidoras deben aplicar planes de reducción de pérdidas y mejora de gestión, con metas específicas, evaluables y auditables. Al alcanzar una pérdida del 15 %, la Superintendencia revisará las metas de desempeño.
- Estrategia tarifaria y subsidios: Se propone racionalizar los subsidios eléctricos, con una transición hacia un esquema más transparente y focalizado, acompañado de ajustes tarifarios trimestrales basados en eficiencia y costos reales.
- Energías renovables y alternativas: El pacto promueve el desarrollo de fuentes limpias como biomasa, biogás, energía solar y eólica, y plantea estudiar el uso de hidrógeno y energía nuclear en el futuro.
- Ahorro y eficiencia: El Ministerio de Energía y Minas deberá elaborar un proyecto de ley para promover el uso racional de la energía, incluyendo normas de eficiencia para la construcción, incentivos para equipos eléctricos eficientes y desincentivos para los de bajo rendimiento.
Próximos pasos
La sesión del 30 de julio marcará un punto de relanzamiento del Pacto Eléctrico. Según el ministro, se revisarán todos los acuerdos firmados, y se le dará continuidad a aquellos que aún no han sido implementados, bajo un enfoque adaptado a la actual realidad social y económica del país.
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