El Gobierno Nacional anunció este 2 de febrero la suspensión total de actividades mineras en Napo y restricciones en El Oro y Loja, como parte de una respuesta urgente ante el avance de la minería ilegal en Ecuador.
La resolución fue emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, respaldada por informes técnicos que evidencian graves afectaciones ambientales en ecosistemas sensibles y cuerpos de agua. El Gobierno actuó bajo los principios de prevención y precaución ambiental, en defensa de los derechos de la naturaleza y la salud comunitaria.
Medida urgente frente a minería ilegal en Ecuador
La ministra Inés Manzano Díaz explicó que la minería ilegal en Ecuadorrepresenta una amenaza directa contra “nuestros ríos, bosques y comunidades”. Se detectaron niveles peligrosos de metales pesados como plomo, arsénico y cianuro en los ríos Calera y Amarillo, parte de la cuenca Puyango – Tumbes.
Frente a esto, el Gobierno ha dispuesto el inicio inmediato de controles, inspecciones y procedimientos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el apoyo de la fuerza pública.
Estas acciones incluyen:
- Intervención de zonas mineras ilegales.
- Decomiso de maquinaria y material mineralizado.
- Suspensión de operaciones irregulares.
- Sanciones administrativas a operadores infractores, mediante las Direcciones Zonales 7, 8 y 10.
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Recuperar ecosistemas y garantizar agua limpia
“El objetivo no es solo frenar las actividades ilegales, sino restaurar lo dañado y proteger el acceso al agua”, declaró Manzano. La funcionaria aseguró que se actuará “con firmeza, sin retrocesos y con la ley en la mano”.
El Gobierno ratificó su compromiso de fortalecer la vigilancia ambiental, el control estatal y la articulación interinstitucional para contener la expansión de la minería clandestina, especialmente en la Amazonía ecuatoriana y el sur del país.
