La reciente explosión de fuego en una nave de la Merca Santo Domingo vuelve a poner sobre la mesa un tema que el país no puede seguir tratando con ligereza: la incidencia de incendios en espacios públicos y privados, muchos de ellos vinculados a fallas eléctricas evitables.
Aunque en esta ocasión no hubo pérdidas humanas, las columnas de humo eran visibles a kilómetros, lo que evidencia no solo la magnitud del siniestro. Este evento se suma al derrumbe del antiguo centro de entretenimiento Jet Set, ocurrido hace ya dos meses y aún sin respuestas claras sobre las causas. Ambos casos deben servir como campanadas de alerta.
República Dominicana necesita reforzar los mecanismos de supervisión, control y sanción en todas las edificaciones —sean industriales, comerciales o recreativas— para garantizar que cuenten con las condiciones mínimas de seguridad eléctrica, estructural y contra incendios. La falta de inspecciones rigurosas, la permisividad institucional y la ausencia de consecuencias reales ante incumplimientos solo fortalecen un patrón de negligencia que puede cobrar vidas.
No se trata únicamente de revisar lo que ya existe. También es necesario implementar políticas activas de prevención: desde campañas de concienciación hasta la actualización de normativas que obliguen al cumplimiento de estándares internacionales en construcción y mantenimiento. Las fallas eléctricas no deben ser el factor común de estos siniestros; la tecnología, la planificación y la ley deben prevalecer.
El país no puede seguir reaccionando después de los hechos. Es momento de establecer una cultura nacional de supervisión y responsabilidad, que no dependa del azar ni de la suerte de que los espacios estén vacíos al momento de un desastre.
