Representantes del sector público y privado coincidieron en que la informalidad en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) representa una amenaza directa para la seguridad operacional, la inversión y la confianza del consumidor en República Dominicana.
Durante el Foro GLP RD 2026, celebrado en Santo Domingo y organizado por la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP), voceros técnicos y regulatorios expusieron que la falta de controles adecuados en la cadena —desde el despacho hasta el uso final— genera vulnerabilidades que pueden derivar tanto en pérdidas económicas como en riesgos de accidentes.
Trazabilidad y medición: la base de la confianza
Desde el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), la especialista Magaly de Oleo enfatizó que la trazabilidad metrológica es un elemento central para garantizar la confiabilidad del sistema.
Explicó que esta consiste en vincular las mediciones con patrones de referencia internacionales, lo que permite que los resultados sean comparables y aceptados en cualquier entorno. Sin embargo, advirtió que sin laboratorios acreditados, equipos calibrados y mandatos regulatorios claros, la trazabilidad simplemente no puede sostenerse.
Además, alertó sobre los riesgos técnicos derivados de prácticas informales, como la intervención de equipos sin verificación previa. Una falla mínima en válvulas o sistemas de medición puede generar fugas y zonas explosivas, debido a la naturaleza del GLP, un gas más denso que el aire.
Regulación y supervisión: avances y desafíos
Por su parte, Amin Vázquez, representante del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), destacó que el Estado ha impulsado normativas orientadas a fortalecer las buenas prácticas en toda la cadena de hidrocarburos.
Entre ellas, mencionó el decreto 666-25, que establece lineamientos desde la importación hasta la distribución final, incluyendo evaluación de equipos y supervisión del mercado. No obstante, reconoció que el principal reto no es solo regular, sino fiscalizar de manera efectiva en un mercado amplio y dinámico.
En ese contexto, subrayó la necesidad de una sinergia entre tecnología, recursos humanos y sector privado, así como campañas de educación que involucren a toda la cadena, desde distribuidores hasta consumidores.
Tecnología y control: claves para frenar la intervención ilegal
Desde la visión del sector privado, Fabricio Duarte, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), planteó que la mejor forma de enfrentar la informalidad es mediante tecnologías de trazabilidad y monitoreo en tiempo real.
Explicó que ya existen sistemas que permiten controlar tanques 24/7, identificar intervenciones no autorizadas, georreferenciar activos y restringir operaciones a empresas autorizadas, lo que reduce significativamente el riesgo de manipulación indebida.
Duarte advirtió que uno de los errores más frecuentes es tratar estos problemas como conflictos comerciales, cuando en realidad implican riesgos regulatorios, técnicos y de seguridad. “No es solo un tema entre empresa y cliente, es un problema integral del sistema”, afirmó.
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Educación, coordinación y modernización institucional
Los participantes coincidieron en que la solución pasa por una combinación de factores: educación del mercado, fortalecimiento institucional y adopción tecnológica.
De Oleo destacó la necesidad de modernizar los sistemas de control, pasando de procesos manuales a plataformas digitales en tiempo real que permitan detectar fallas, validar mediciones y generar reportes confiables.
Asimismo, se planteó la urgencia de ampliar la red de laboratorios acreditados y fortalecer la certificación de técnicos, como los reparadores públicos autorizados, para garantizar intervenciones seguras en los equipos.
Un sector estratégico con alto impacto social
El debate cobra mayor relevancia considerando que más del 90% de las familias dominicanas utiliza GLP, lo que convierte cualquier distorsión del mercado en un impacto directo sobre la economía y la seguridad de la población.
En ese contexto, los expertos concluyeron que avanzar hacia un sistema más formal y seguro requiere alianzas entre Estado, empresas y sociedad, con reglas claras, fiscalización efectiva y una cultura de cumplimiento.
La advertencia es clara: sin trazabilidad, control y educación, la informalidad no solo afecta la competitividad del sector, sino que pone en riesgo la seguridad de todo el sistema energético doméstico.
