Como parte de esas funciones, la ley dispone que el MICM debe establecer la política nacional para el desarrollo del comercio interno vinculado a los combustibles, definir las estrategias para fortalecer el sector y diseñar los instrumentos necesarios para impulsar su funcionamiento, siempre en consonancia con las prioridades del Estado y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La normativa también le atribuye la responsabilidad de velar por la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y normas que rigen el mercado de los combustibles. Esto implica supervisar que las actividades relacionadas con estos productos se desarrollen conforme a las disposiciones legales y a los estándares técnicos, de seguridad y calidad establecidos para el sector.

Las competencias del MICM abarcan prácticamente toda la cadena de comercialización de los combustibles. La Ley 37-17 establece que corresponde al ministerio definir la política nacional en materia de importación y reexportación de derivados del petróleo y demás combustibles, así como de la construcción y operación de terminales de importación, depósitos y centros de almacenamiento.
Sus atribuciones también comprenden las actividades de refinación, purificación, mezcla, procesamiento, transformación, envase, transporte, distribución y comercialización al por mayor y al detalle, además de la construcción y operación de estaciones de expendio, el abastecimiento del mercado y la fijación de márgenes y precios.
Junto con estas funciones, el MICM tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de las normas técnicas de seguridad y calidad aplicables a todas estas actividades.
La ley también encomienda al ministerio implementar políticas destinadas a garantizar el suministro de combustibles en todo el territorio nacional.
De igual forma, le asigna la responsabilidad de promover la seguridad de las instalaciones y facilidades utilizadas para la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los combustibles, con el propósito de preservar la continuidad del abastecimiento y el funcionamiento adecuado del mercado.
Licencias, permisos y autorizaciones
Otra de las funciones que la Ley 37-17 confiere al MICM es analizar y decidir, mediante resolución, las solicitudes de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones relacionadas con las actividades de comercialización de derivados del petróleo y demás combustibles.
La institución también está facultada para conocer los procesos de caducidad o revocación de esas autorizaciones cuando corresponda, así como establecer las tarifas aplicables al otorgamiento o renovación de licencias, concesiones, permisos y otros servicios contemplados en la legislación.
La normativa establece además una relación operativa y de coordinación entre el MICM y el Ceccom, dependencia del Ministerio de Defensa, en todo lo relacionado con la supervisión, vigilancia y seguridad de las actividades vinculadas a la comercialización de combustibles.
Esa coordinación constituye el marco legal para las acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la fiscalización del sector y enfrentar las actividades que se desarrollen al margen de la normativa vigente.
Además de formular políticas y supervisar el mercado, la Ley 37-17 otorga al MICM potestad para imponer sanciones administrativas a las personas físicas o jurídicas que incumplan la legislación, los reglamentos o las condiciones establecidas en los permisos, licencias y concesiones otorgados por la institución.
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Las medidas contempladas incluyen la suspensión temporal de licencias, permisos o autorizaciones, la imposición de multas y, en los casos de reincidencia, la cancelación definitiva de las autorizaciones correspondientes.
Cuando una actividad regulada se realiza sin contar con la licencia o el permiso requerido, la ley faculta al ministerio para ordenar el cierre del establecimiento, impedir la continuidad de la actividad, decomisar los equipos y los productos utilizados e incluso disponer la demolición de estructuras construidas y empleadas de forma irregular.
Asimismo, cuando las operaciones representen una amenaza para la seguridad de las personas o para el interés general, el MICM puede ordenar el cierre inmediato del establecimiento y aplicar las sanciones administrativas previstas en la normativa.
Más allá de reorganizar la estructura del antiguo Ministerio de Industria y Comercio, la Ley 37-17 consolidó el marco jurídico que respalda las funciones que actualmente ejerce el MICM en el mercado de los combustibles.
Desde la formulación de políticas hasta la supervisión de la comercialización, el otorgamiento de licencias, la coordinación con el Ceccom y la aplicación de sanciones, la legislación define las herramientas con las que la institución regula una de las actividades estratégicas para la economía dominicana.
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