El retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional llevará al Gobierno a tomar otras medidas de gastos e ingresos que mejoren las finanzas públicas. El objetivo es asegurar un saldo fiscal que no se desvíe excesivamente del que se hubiese alcanzado con la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda.
En cuanto al gasto, es casi seguro que las autoridades eliminen los programas y proyectos que se hubiesen financiado con los 122 mil millones de pesos de ingresos proyectados en la reforma tributaria. Entre dichos programas se pueden citar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la mejora de la atención primaria en salud. A menos que haya un aumento de la deuda, tampoco se realizarán las obras de transporte masivo ni las inversiones para optimizar la distribución y comercialización eléctrica. En el corto plazo, no habrá recursos tributarios adicionales que permitan un aumento significativo de la inversión pública.
La aplicación estricta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto corriente igual al 3% más la tasa de inflación, presionará a la baja el gasto total como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Es probable que el Gobierno continúe el proceso de racionalización del gasto público a través de la reestructuración y achicamiento del Estado. Las partidas de gasto que se consideren no prioritarias, como la publicidad, el “Barrilito” o el financiamiento de los partidos políticos, podrían ser recortadas.
Respecto a los ingresos, la Administración Tributaria intensificará su lucha contra la evasión impositiva. Se ha estimado que una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria puede incrementar las recaudaciones en 4 puntos del PIB. Actualmente, dicha administración no dispone de los recursos humanos suficientes para realizar un masivo programa de auditorías a los grandes y medianos contribuyentes. Por tanto, es imprescindible el uso de tecnologías modernas que permitan maximizar la eficiencia de las inspecciones y eleven la percepción de riesgo de ser detectado por delito fiscal.
El uso de la información digitalizada es fundamental para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todas las actividades, junto con el empleo de aplicaciones informáticas que posibiliten un seguimiento en tiempo real de las operaciones comerciales, financieras y crediticias de los agentes económicos, generaría información que serviría de insumo para los modelos de inteligencia artificial.
Un sistema eficaz de análisis de datos aprovecha al máximo toda la información económica de los contribuyentes y de aquellos que deberían serlo, para determinar el valor esperado del nivel de recaudaciones provenientes de los impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos y arancelarios que habrían de pagar si cumpliesen totalmente con sus obligaciones tributarias. En el ámbito de la ciencia de datos, existen algoritmos supervisados y no supervisados (redes neuronales, aprendizaje automático y aprendizaje profundo), que se entrenan con los datos disponibles para identificar de manera objetiva y rigurosa comportamientos y patrones que facilitan la agrupación y clasificación de las actividades con alta probabilidad de ser consideradas evasión impositiva.
Los modelos de inteligencia artificial deben desplegarse tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que, al fusionarse, podrían maximizar sinergias para una gestión fiscal más eficiente. El objetivo es calcular la probabilidad de eventos de evasión y estimar el monto de impuestos correspondiente a cada caso. Dichos modelos detectan los esquemas de contabilidad creativa, que son utilizados por grandes contribuyentes con la ayuda de expertos tributarios para reducir la base imponible y, por tanto, el pago de los impuestos.
La identificación de discrepancias contables basadas en patrones sistemáticos asociadas a posibles actos de evasión daría origen a auditorías. La eficiencia de las inspecciones aumentaría, ya que los modelos de inteligencia artificial estimarían un monto promedio de evasión que serviría de referencia para contrastar con los hallazgos que encuentren los auditores. En caso de que un auditor reportase un monto significativamente inferior al estimado por el modelo, se realizaría una nueva inspección para verificar posibles errores con el fin de corregirlos de inmediato.
La lucha contra la evasión tiene que focalizarse inicialmente en los grandes contribuyentes, puesto que la detección y penalización de cada uno de ellos genera un retorno mayor que el que se obtendría de la identificación de cien contribuyentes menores. Esto no significa que los pequeños contribuyentes puedan pasar por debajo del radar sin ser detectados. Los modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de localizarlos por igual, pero teniendo en cuenta los recursos limitados de la Administración Tributaria, resulta óptimo comenzar con los agentes económicos más grandes, a quienes se les aplicaría severas multas y sanciones penales. Además, los ingresos tributarios obtenidos servirían para ampliar y fortalecer la capacidad de fiscalización a los demás contribuyentes. Las sanciones contra la evasión deben extenderse a los expertos contables y financieros que asesoran a los grandes evasores fiscales.
La detección y posterior penalización de los evasores de grandes fortunas constituye un ejemplo disuasorio para el resto de los agentes económicos. Cuando en 1987, el fiscal Luis Jordana de Pozas solicitó dos años de prisión y una multa de 50 millones de pesetas para la afamada artista Lola Flores, por haber defraudado a Hacienda por 28 millones de pesetas, toda España se percató de que cualquiera, incluso “La Faraona,” podría ser sancionado por delito fiscal. A partir de ese momento, que supuso un punto de inflexión en la lucha contra el fraude fiscal, el cumplimiento tributario aumentó de manera significativa. Las condenas de otras figuras mediáticas, como Leo Messi y Shakira, o de empresas multinacionales, como el grupo Cemex, “por simular pérdidas para rebajar sus obligaciones fiscales,” resultaron ejemplarizantes.
Las finanzas públicas pueden fortalecerse y mejorar su credibilidad si las recaudaciones tributarias aumentan mediante el control y la reducción de la evasión fiscal. Los agentes económicos se darán cuenta de que todos han de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario recibirán duras sanciones. Esto, sumado a una estructura eficiente y equitativa del gasto público, acentuará la percepción por parte de los contribuyentes de que cada peso que aporta en forma de impuestos redunda en su nivel de bienestar.
