La Jurisdicción Inmobiliaria del Poder Judicial mantiene un nivel significativo de actividad. Desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, la entidad ha recibido 104,175 solicitudes de servicios, con 21,911 trámites pendientes de evaluación, lo que representa un incremento frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 74,975 solicitudes y 5,194 trámites en espera.
Los trámites más frecuentes en 2025 corresponden al depósito de documentos, con 38,174 registros, seguido por 10,421 solicitudes de fijación de audiencia y 8,233 depósitos de escritos de conclusiones. También se han recibido 5,483 solicitudes de certificación, 2,451 certificaciones de sentencia, 2,274 certificaciones de decisiones jurisdiccionales, 2,161 certificaciones sobre existencia o no de recursos y dos medidas de coerción.
Durante el mismo periodo de 2024, los trámites más frecuentes fueron también los depósitos de documentos, con 23,650 registros, y 3,564 depósitos de escritos de conclusiones. Asimismo, se recibieron 5,529 solicitudes de certificación, 2,345 certificaciones de sentencia y 721 recursos de apelación. En ese año no se registraron medidas de coerción ni acusaciones.
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Localidades con mayor movimiento
El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de trámites en 2025, con 16,890 solicitudes, seguido muy de cerca por Santiago, con 16,534. Más atrás se ubican La Vega, con 7,990, Puerto Plata, con 6,426 y San Pedro de Macorís con 5,169.
En lo que va de año, el Poder Judicial ha recibido un total de 875,498 solicitudes de servicios a través de sus Centros de Contacto, que abarcan desde depósitos de documentos y certificaciones hasta peticiones secretariales y solicitudes de audiencias.
La mayoría de los trámites se han gestionado de manera presencial, con 103,247 casos, mientras que 869 se atendieron por recepción directa y apenas 59 mediante la vía digital.
El tablero de control digital permite medir la tasa de solución de las solicitudes y segmentar la información por jurisdicción, tribunal, distrito judicial y tipo de asunto, así como aplicar filtros por fecha y buscar por categoría del caso, lo que facilita el seguimiento ciudadano y aporta transparencia a la gestión.
La jurisdicción inmobiliaria en la esfera penal y constitucional
El impacto de esta jurisdicción no se limita al Poder Judicial. En los últimos años, la Procuraduría General de la República ha atendido casos de relevancia relacionados con fraudes inmobiliarios, como la estafa conocida como Operación Guepardo, en la que se involucraron empresas fachada que operaban con bienes inmuebles por millones de dólares.
También se investigan redes como la Operación Nido, que estafó a decenas de personas prometiéndoles viviendas que no existían.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha conocido asuntos sobre propiedad y titularidad de tierras, como el caso de Bahía de las Águilas, en el que se confirmó la titularidad del Estado dominicano sobre esos terrenos, rechazando recursos de particulares que alegaban derechos sobre los mismos.
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