Santo Domingo.– El jurista y profesor de Derecho Internacional Víctor Villanueva cuestionó el acuerdo suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de minerales, particularmente sobre las tierras raras ubicadas en Pedernales, y reclamó a la Cancillería dominicana que haga público el contenido íntegro del documento.
Villanueva sostuvo que, pese a sus solicitudes de información y a las referencias públicas hechas por autoridades dominicanas sobre el convenio, el texto del acuerdo no ha sido publicado por la Cancillería, situación que, a su juicio, mantiene dudas sobre el alcance de los compromisos asumidos por el Estado dominicano.
El jurista señaló que el canciller Víctor “Ito” Bisonó hizo referencia al acuerdo y que posteriormente el presidente Luis Abinader, durante una actividad en Nueva York, defendió el entendimiento y afirmó que la exportación de las tierras raras dominicanas tendría como destino exclusivo a Estados Unidos.
Según relató Villanueva, el mandatario también destacó que los depósitos ubicados en el sur de República Dominicana presentan una concentración de minerales superior a la que se encuentra en el sur de China.
A partir de esas declaraciones, el profesor de Derecho Internacional planteó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para suscribir el acuerdo y consideró que este debe ser sometido a los controles establecidos por el ordenamiento jurídico dominicano cuando se trata de entendimientos con gobiernos extranjeros.
Villanueva argumentó que la Constitución dominicana no atribuye a la Cancillería, de manera independiente, la facultad para suscribir acuerdos con otros gobiernos con carácter obligatorio, sino que corresponde al presidente de la República someter los instrumentos internacionales al control del Congreso Nacional, conforme al procedimiento constitucional.
También sostuvo que, desde la reforma constitucional de 2010, los acuerdos internacionales están sujetos además a un control previo del Tribunal Constitucional, por lo que consideró que estos mecanismos deben ser observados antes de que un instrumento de esa naturaleza produzca efectos jurídicos.
Cuestionamientos sobre los recursos naturales
Uno de los principales puntos planteados por Villanueva está relacionado con las disposiciones constitucionales sobre los recursos naturales y el régimen aplicable a las concesiones mineras.
El jurista citó los artículos 14 y 17 de la Constitución dominicana y afirmó que la gestión de los recursos naturales no puede quedar exclusivamente vinculada a una decisión administrativa o de política exterior, debido a que existen disposiciones específicas sobre su aprovechamiento.
También hizo referencia a la Ley de Minería 146-71, particularmente a su artículo 9, que establece, según explicó, que las concesiones mineras no pueden otorgarse a gobiernos extranjeros, ni directamente ni mediante personas físicas o jurídicas.
Para Villanueva, esta disposición adquiere relevancia al analizar cualquier entendimiento que involucre recursos minerales dominicanos y compromisos con otro Estado.
El profesor también cuestionó que la ley orgánica de la Cancillería otorgue al ministro de Relaciones Exteriores facultades para suscribir directamente tratados con gobiernos extranjeros sin que estos sean sometidos a las instancias de control correspondientes.
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Reclama publicación del acuerdo
Villanueva insistió en que la primera necesidad es conocer el documento completo para determinar exactamente cuáles son sus disposiciones, alcance y compromisos.
El jurista señaló que había reclamado transparencia sobre el instrumento desde que tuvo conocimiento de su existencia y cuestionó que la Cancillería todavía no haya divulgado públicamente su contenido.
A su entender, si el acuerdo implica compromisos relacionados con la exportación o aprovechamiento de recursos naturales dominicanos, deben quedar establecidos con claridad los mecanismos mediante los cuales fue adoptado y las instituciones que deben intervenir en su revisión.
El cuestionamiento se produce mientras el Gobierno dominicano impulsa la exploración de tierras raras en Pedernales, un proceso que ha colocado estos minerales entre los asuntos estratégicos de la agenda energética y minera del país.
Villanueva consideró que la discusión no debe limitarse al interés económico de estos recursos, sino incluir también la transparencia, el procedimiento constitucional y el marco legal bajo el cual República Dominicana establece acuerdos con gobiernos extranjeros.
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