República Dominicana. – La dispensa en el sector de los hidrocarburos debe ser entendida como un mecanismo articulado que, bajo un diagnóstico técnico y regulatorio, permite crear un ecosistema de mejora continua, retroalimentación y gradualidad. No se trata de promover el incumplimiento ni de flexibilizar irresponsablemente la norma; se trata de administrar con sentido común los procesos de adecuación, entendiendo que no todas las desviaciones tienen la misma criticidad ni pueden recibir automáticamente la misma respuesta de la Administración.
En el ámbito del derecho administrativo, la tutela del interés general debe convivir con las garantías legítimas del administrado. La proporcionalidad, la razonabilidad, la confianza legítima y la seguridad jurídica obligan al regulador a observar cada situación en su justa dimensión. Una regulación fuerte no es necesariamente aquella que paraliza, sanciona o restringe de manera inmediata. La verdadera fortaleza regulatoria está en lograr que el operador alcance la conformidad de manera verificable, sostenible y sin generar incertidumbres innecesarias.
La dispensa, correctamente concebida, permite construir esa ruta. Debe ser temporal, técnicamente motivada y acompañada de un programa claro de corrección. Su finalidad es permitir que una situación subsanable pueda transitar hacia la conformidad dentro de un plazo razonable, manteniendo siempre la supervisión del Estado. Dispensar no es renunciar a regular; muchas veces es regular mejor.
Durante mi gestión como director de Combustibles impulsamos reformas importantes para encaminar el sector por una ruta irreversible de desarrollo estratégico. Parte fundamental de esa visión quedó posteriormente consolidada mediante el Decreto núm. 666-25, que modifica aspectos importantes del régimen regulatorio de los hidrocarburos y fortalece la evaluación de la conformidad mediante organismos técnicamente competentes y acreditados.
El Decreto 666-25 introduce una lógica particularmente importante al elevar el estándar técnico, pero reconociendo que una transformación estructural necesita un proceso razonable de transición. La incorporación y acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, así como una mayor participación de terceros especializados en los procesos técnicos, permite robustecer la calidad de las verificaciones y superar la visión de que toda la comprobación debe descansar exclusivamente sobre la capacidad directa del regulador.
El propio esquema del Decreto reconoce la necesidad de gradualidad al contemplar períodos de adecuación para la acreditación y adaptación del nuevo sistema. Ese elemento es fundamental: el estándar no se disminuye; se organiza técnicamente el camino para alcanzarlo. Esto constituye, precisamente, una manifestación de cómo debe operar una regulación moderna.
No podemos exigir una transformación profunda del sistema y al mismo tiempo desconocer los tiempos materiales necesarios para acreditaciones, sustitución de equipos, adecuaciones de infraestructura, pruebas técnicas o correcciones operativas. Es ahí donde la dispensa encuentra su verdadera justificación como un instrumento excepcional de transición y no como puerta abierta al incumplimiento.
Regular con sentido común significa también evitar sesgos arbitrarios, decisiones cortoplacistas y actuaciones que puedan responder a capturas circunstanciales. El sector de los hidrocarburos necesita reglas claras, estabilidad y decisiones técnicas capaces de trascender coyunturas. Crear incertidumbre o asfixiar al administrado mediante exigencias materialmente imposibles de ejecutar dentro de determinados plazos no necesariamente mejora la seguridad; muchas veces produce exactamente el efecto contrario.
Naturalmente, la dispensa tiene límites. Cuando existe un riesgo crítico para las personas, las instalaciones, el medio ambiente o la continuidad segura de las operaciones, el Estado debe actuar con toda la firmeza necesaria. Pero cuando estamos frente a una situación corregible y técnicamente administrable, debe existir espacio para la adecuación, el seguimiento y la mejora incremental.
La regulación moderna debe evolucionar de una visión exclusivamente punitiva hacia una verdadera cultura de conformidad: detectar, diagnosticar, corregir, verificar y retroalimentar. Ese debe ser el ciclo.
Por eso siempre he entendido la dispensa como una expresión de madurez regulatoria. Gradualidad no significa debilidad, proporcionalidad no significa permisividad y dispensa no significa impunidad. Significa actuar con sentido común dentro de la ley, protegiendo el interés general y garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica.
Al final, el éxito de un regulador no debe medirse únicamente por cuántas sanciones impone, sino por su capacidad de lograr que todo un sector avance, de manera sostenible e irreversible, hacia mayores niveles de seguridad, calidad, conformidad y desarrollo. Eso está más que cierto en la gestión que honrosamente encabezamos.
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