En los últimos días, el presidente Luis Abinader advirtió que aplicar la indexación salarial —como establece el Código Tributario— reduciría los fondos públicos y podría obligar al gobierno a recortar recursos en áreas sensibles como salud o educación.
El mensaje reconoce que la indexación es justa y necesaria, pero al mismo tiempo la presenta como una amenaza fiscal. Esa contradicción deja al descubierto un problema más profundo: el Estado prefiere preservar su recaudación antes que proteger el poder adquisitivo de quienes generan esa recaudación.
En otras palabras, se sostiene el gasto político a costa del salario del trabajador.
Qué es el ISR y cuál es su sentido original
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un tributo que se cobra sobre las ganancias reales de las personas o empresas. En teoría, responde a un principio elemental de justicia: quien gana más, paga más.
En el caso de los asalariados, el ISR se descuenta directamente de la nómina bajo una escala progresiva que busca medir la capacidad contributiva de cada ciudadano, es decir, cuánto puede aportar sin poner en riesgo su sustento.
Esa es la lógica que le da sentido al impuesto. Pero en la práctica, el sistema se ha desviado: hoy se grava el ingreso bruto, no la ganancia real.
Por eso miles de empleados sienten que pagan impuestos sobre dinero que apenas les alcanza para sobrevivir. Y eso desvirtúa la esencia del impuesto, porque no se está gravando riqueza, sino necesidad.
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Renta no es ingreso: la distorsión de fondo
La palabra renta viene del latín rendita, que significa “lo que rinde” o “lo que sobra”. Por tanto, el ISR debería aplicarse sobre la renta neta, es decir, sobre lo que queda luego de cubrir los gastos esenciales de vida.
Si un trabajador gana RD$60,000 y el costo promedio de la canasta básica ronda los RD$45,000, su verdadera renta no es 60 mil pesos, sino 15,000. Esa es su capacidad de ahorro, inversión o mejora, y es sobre ese excedente que debería calcularse el impuesto.
En República Dominicana, sin embargo, el Estado cobra sobre el total, ignorando el costo de vida, el alza constante de los servicios y el impacto de la inflación.
Así, el impuesto deja de ser progresivo y se convierte en una carga regresiva que golpea con más fuerza a la clase trabajadora formal, mientras amplios sectores informales quedan fuera del sistema tributario.
Lo que dice la ley y lo que el Estado no cumple
El artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) establece que las escalas del ISR deben ajustarse automáticamente cada año tomando en cuenta la inflación del período anterior.
Este mecanismo, llamado indexación tributaria, busca evitar que los trabajadores paguen más solo porque subieron los precios.
Pero desde 2017 no se aplica, a pesar de que la inflación acumulada supera con creces los márgenes razonables.
Cuando las escalas no se actualizan, ocurre lo que los economistas llaman “progresividad en frío”: sin aumentar las tasas ni cambiar la ley, el Estado termina recaudando más porque los salarios nominales suben, aunque el poder de compra siga igual o menor.
En la práctica, se trata de una reforma fiscal silenciosa que traslada al asalariado el costo de la inflación.
El proyecto en el Senado y la verdad detrás de los números
El Senado estudia un proyecto del legislador Félix Bautista que propone actualizar los tramos del ISR conforme a la inflación acumulada desde 2017.
Si se aprueba, el tramo exento pasaría de RD$399,923 anuales a RD$558,232, ajustando parcialmente la escala a la realidad actual.
El gobierno ha advertido que esto implicaría una “pérdida fiscal”, pero esa lectura es engañosa. No sería una pérdida, sino el fin de una ganancia injusta: durante años, el fisco ha cobrado más gracias a la inflación y a la inacción en aplicar la ley.
El doble discurso del Estado
Resulta incoherente que el mismo gobierno que alega falta de recursos para cumplir la ley mantenga gastos elevados en publicidad institucional, propaganda política y programas sociales de carácter temporal.
El argumento de “no hay fondos” pierde fuerza cuando se observa la magnitud del gasto en imagen, las nóminas paralelas y los proyectos sin retorno social.
El problema no es la indexación, sino el mal uso del presupuesto público. Los fondos existen, pero se administran con prioridades políticas en lugar de criterios de justicia y eficiencia.
El salario como espejismo

Pensemos en un empleado que en 2017 ganaba RD$45,000 y estaba exento del ISR. Hoy gana RD$65,000, un aumento aparente del 44 %. Sin embargo, ese incremento apenas compensa el alza del costo de vida, y aun así, ya tributa el 15 %.
No porque su situación haya mejorado, sino porque la escala se quedó estática. Es decir, el salario sube en papel, pero se encoge en la vida real. Esa es la paradoja de un sistema que castiga la inflación sin reconocerla.
El gobierno suele presentar los bonos, canastas o subsidios como gestos de sensibilidad social, pero esas son medidas temporales y muchas veces utilizadas con fines populistas.
En cambio, la indexación salarial y tributaria es una política estructural, justa y duradera.
No depende de clientelismo ni de campañas: impacta de manera directa a quienes producen y sostienen la economía formal.
La mejor ayuda social que puede ofrecer el Estado a la clase trabajadora no es regalar, sino devolver justicia.
Aplicar la indexación sería una medida de amplio alcance, que aliviaría a cientos de miles de empleados sobrecargados por impuestos y pérdida de poder adquisitivo.
Sería una política que fortalece la clase media, estimula el consumo interno y dinamiza la economía sin asistencialismo.
Esa sí sería una verdadera política social.
El Estado no puede seguir utilizando a los contribuyentes formales como válvula de escape de su propio desorden financiero. No es justo que el empleado pague más porque el gobierno decide mantener un modelo de gasto político e ineficiente.
La indexación no es una amenaza para las finanzas públicas: es una obligación legal y un acto de justicia económica.
El verdadero riesgo no está en aplicarla, sino en seguir ignorándola. Cada año que pasa sin indexación, el salario se achica, el trabajador se empobrece y el Estado se enriquece con la inflación.
La economía no se fortalece castigando al que produce, sino administrando con coherencia, visión y respeto. Y en ese punto, la pregunta que el gobierno debería hacerse no es si puede darse el lujo de indexar, sino si puede seguir dándose el lujo de no hacerlo.
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