El reciente episodio con la retirada de la propuesta de Ley de Modernización Fiscal por parte del presidente Luis Abinader ha dejado una lección clara: el diálogo previo es la herramienta clave para evitar conflictos sociales, políticos y económicos.
Lo que inició como una ambiciosa propuesta de modernización fiscal terminó por generar una ola de rechazo masivo que, a la postre, obligó al gobierno a retroceder, reconociendo la falta de consenso. Pero, ¿se podría haber evitado este revés? La respuesta es evidente: sí.
En un contexto donde las finanzas públicas requieren ajustes urgentes para sostener el desarrollo económico del país, resulta inexplicable que una reforma de tal magnitud no haya sido discutida ampliamente desde el principio con los sectores más afectados.
Empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, y hasta ciudadanos de a pie, debieron ser parte activa del proceso de construcción de la propuesta, algo que, desafortunadamente, no sucedió. El resultado fue el rechazo casi unánime que culminó en una retirada inevitable.
La voz de los ciudadanos fue escuchada, pero solo después de días de protestas y cacerolazos. Si se hubiera promovido un diálogo amplio desde el inicio, las tensiones que se vieron en las calles y en las redes sociales habrían sido innecesarias.
El gobierno se enfrentó a un desgaste evitable. Este es un caso que pone en evidencia la importancia de la apertura al consenso en un país donde la cultura del diálogo puede, y debe, ser la norma.
Una reforma esencial, pero sin consenso
La necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana no es discutible. Los ingresos del Estado deben aumentar para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder responder a las necesidades de infraestructura, salud y educación.
Sin embargo, cualquier propuesta de ajuste fiscal debe ser estructurada de forma que sea comprendida, aceptada y, sobre todo, sentida como justa por la sociedad. Lo que falló en este proceso fue la falta de comunicación y de negociación temprana.
La comunidad empresarial, por ejemplo, expresó su preocupación por lo que consideraban un enfoque agresivo y desproporcionado que afectaba gravemente a los sectores productivos. De igual manera, las organizaciones sindicales y sociales mostraron su desacuerdo con la carga que esta reforma imponía a los trabajadores y la clase media.
Si estas voces hubiesen sido parte activa de la formulación de la propuesta, el resultado podría haber sido diferente. Tal vez no hubiésemos presenciado la retirada del proyecto, sino la aprobación de una reforma construida sobre bases sólidas de consenso.
Aún hay esperanza para corregir el curso. El retiro de la reforma no debe verse como una derrota, sino como una oportunidad para replantear la forma en que se estructuran las políticas públicas en el país. Tanto el gobierno como los diferentes sectores involucrados deben entender que el diálogo previo no es una opción, es una obligación si se quiere evitar fricciones innecesarias.
