En República Dominicana, llenar el tanque de un vehículo o instalar una planta de gas no es solo un asunto técnico o económico. Detrás de cada galón de combustible hay un complejo sistema normativo construido a lo largo de más de 70 años. Un marco legal que no solo busca ordenar el mercado, sino también garantizar la seguridad ciudadana, proteger el medioambiente y asegurar la recaudación fiscal del Estado.
Actualmente, el sector de los hidrocarburos está regulado por un compendio robusto compuesto por 10 leyes, 7 decretos y al menos 29 resoluciones administrativas, según el último compendio oficial recopilado en el año 2020.
Estas normas abarcan desde los requisitos para instalar estaciones de servicio, hasta los mecanismos para combatir el contrabando de combustibles.
En esta primera entrega, hacemos un recorrido por las principales leyes que han marcado la historia regulatoria de los combustibles en el país.
Las 10 leyes que rigen el sector de combustibles
1. Ley No. 1728 sobre tanques de combustibles (1948)
Es una de las primeras regulaciones del sector. Establece las condiciones técnicas y de seguridad para la instalación y operación de tanques destinados al almacenamiento de combustibles líquidos. Su objetivo principal es prevenir accidentes e incendios, especialmente en zonas urbanas o industriales.
2. Ley No. 317-72 (1972)
Prohíbe o restringe la instalación de estaciones de servicio en áreas residenciales de Santo Domingo y Santiago. Responde a preocupaciones por el impacto urbano y la seguridad de los residentes en zonas densamente pobladas. Fue una de las primeras leyes que integró la dimensión urbana a la regulación energética.
3. Ley No. 407-72 (1972)
Regula la venta de gasolina, diésel, aceites y lubricantes. Establece controles sobre el expendio y la distribución de estos productos, tanto en estaciones como en otros puntos de venta. Su objetivo es garantizar la calidad del combustible, la transparencia comercial y el orden en el mercado.
4. Ley No. 520-73 (1973)
Marca el inicio de la regulación del gas licuado de petróleo (GLP) en el país. Esta ley permitió la formalización del mercado del GLP para uso residencial, vehicular e industrial, sentando las bases para su crecimiento y supervisión en décadas posteriores.
5. Ley No. 112-00 (2000)
Establece un impuesto específico al consumo de combustibles fósiles y sus derivados. Esta contribución representa una fuente importante de ingresos para el Estado, destinada a obras públicas y otros fines fiscales. Ha sido modificada por legislaciones posteriores como la Ley 557-05 y la Ley 253-12, que ajustaron su estructura impositiva.
6. Ley No. 557-05 (2005)
Forma parte de una reforma fiscal más amplia. Modificó la Ley 112-00 introduciendo cambios en los impuestos selectivos al consumo de combustibles. Además, trajo ajustes fiscales con impactos directos sobre la industria energética.
7. Ley No. 495-06 (2006)
Conocida como una rectificación tributaria, esta ley complementa a la 557-05, reafirmando el esquema de impuestos para productos derivados del petróleo como gasolina, gasoil y fuel oil. Afecta de forma directa el precio final que pagan los consumidores.
8. Ley No. 253-12 (2012)
Una nueva reforma con foco en la recaudación fiscal. Endurece controles, ajusta tarifas y busca reducir la evasión en el comercio de combustibles. Es clave en la lucha contra el contrabando y en la búsqueda de transparencia tributaria en el sector.
9. Ley No. 37-17 (2017)
Reestructura el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dándole mayor capacidad legal para supervisar y sancionar a los actores del mercado de hidrocarburos. Le otorga un papel más activo en la fiscalización y regulación del sector energético.
10. Ley No. 17-19 (2019)
Se enfoca en el combate al comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, incluyendo los combustibles. Fortalece los mecanismos legales para la persecución penal y administrativa contra distribuidores ilegales, un problema que afecta directamente la seguridad y el fisco nacional.
Estas 10 leyes conforman la columna vertebral jurídica del sector hidrocarburos en República Dominicana. A través de ellas se regula el mercado, se controla el impacto ambiental, se establece el marco fiscal y se lucha contra la ilegalidad.
Decretos, marco legal
Las leyes establecen los principios generales, pero son los decretos los que aterrizan esos mandatos en acciones concretas. En el sector de combustibles en República Dominicana, 7 decretos clave han servido para reglamentar la aplicación de las leyes, crear órganos especializados, establecer procesos fiscales y definir medidas de seguridad operativa.
A continuación, un repaso por los principales decretos que han dado forma al funcionamiento cotidiano del mercado de hidrocarburos.
Decreto No. 2119-72 – Reglamento de regulación y uso del GLP
Emitido en marzo de 1972, este decreto fue uno de los primeros intentos por organizar el uso del gas licuado de petróleo (GLP). Estableció normas de seguridad, almacenamiento, comercialización y distribución, sentando las bases para su consumo masivo.
Fue posteriormente modificado por el Decreto No. 1880-84, adaptándose a los cambios del mercado y ampliando su cobertura técnica.
2. Decreto No. 307-01 – Reglamento de aplicación de la Ley 112-00
Este decreto operativiza el impuesto específico al consumo de combustibles fósiles establecido por la Ley 112-00. Detalla los mecanismos de recaudación, importación y control fiscal del sector.
Con el paso del tiempo, fue ajustado por los decretos 176-04 y 625-11, incorporando criterios más técnicos y modernos para hacer más eficiente el sistema tributario vinculado al sector energético.
3. Decreto No. 279-04 – Creación del CECCOM
Establece el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), una entidad militar con funciones de vigilancia, decomiso, inspección y combate al contrabando de hidrocarburos.
Desde su creación, el CECCOM ha sido una pieza central en los operativos de fiscalización de estaciones de servicio, transportistas y puntos de venta ilegales. Su rol ha cobrado mayor relevancia con el crecimiento del comercio ilícito de combustibles.
4. Decreto No. 924-09 – Delegación de recaudaciones en la DGII y Hacienda
Este decreto transfiere la administración de los ingresos por concepto del impuesto a los combustibles a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Posteriormente fue modificado por el Decreto No. 197-10, ajustando responsabilidades y fortaleciendo los controles sobre los flujos fiscales derivados de la comercialización de hidrocarburos.
5. Decreto No. 275-16 – Sistema de devolución de impuestos selectivos
Regula el mecanismo mediante el cual ciertas empresas pueden recuperar parte del impuesto selectivo al consumo de combustibles, dependiendo del uso específico (por ejemplo: industrial, agrícola o productivo).
Este sistema busca generar equidad fiscal, reconociendo que no todos los usos de los combustibles tienen el mismo impacto económico ni ambiental.
6. Decreto No. 100-18 – Reglamento orgánico-funcional del MICM
Define la estructura interna del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), detallando sus funciones, atribuciones y competencias.
Este decreto le otorga al MICM la facultad para emitir resoluciones, otorgar licencias, fiscalizar operaciones y aplicar sanciones en el mercado de combustibles y en otros sectores bajo su regulación.
7. Decreto No. 220-19 – Procedimiento administrativo sancionador del MICM
Establece el proceso legal que debe seguirse cuando una empresa o persona incurre en violaciones a las normativas del sector. Define los pasos del procedimiento, las medidas cautelares, los plazos y los tipos de sanciones que se pueden aplicar.
Este decreto fortalece la seguridad jurídica en los procesos sancionadores y promueve una mayor transparencia institucional.
Como se puede ver, estos 7 decretos no solo complementan las leyes vigentes, sino que son instrumentos fundamentales para la implementación efectiva del marco normativo. Sin ellos, muchas de las disposiciones legales quedarían sin aplicación práctica.
Resoluciones: la normativa técnica que regula cada eslabón del sector
Si las leyes y decretos son la columna vertebral del sector hidrocarburos, las resoluciones administrativas son el sistema nervioso. A través de ellas, el Estado regula los detalles más específicos: desde cómo debe construirse una estación de servicio, hasta qué tipo de combustible se puede transportar y bajo qué condiciones.
Emitidas principalmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), estas resoluciones tienen un carácter más técnico, pero son fundamentales para garantizar la seguridad, la calidad, la legalidad y la fiscalización del mercado.
A continuación, una clasificación temática con los puntos más relevantes.
1. Requisitos para operar en el sector
Estas resoluciones definen qué condiciones deben cumplir las empresas para distribuir, comercializar o almacenar combustibles.
- Res. 123-94: Establece los requisitos de calificación para empresas distribuidoras de gasolina, gasoil, avtur, fuel oil y GLP.
- Res. 01-08 y 33-08: Reglamentan las licencias y tarifas para la comercialización de gas natural.
- Res. 73-17: Implementa un nuevo procedimiento para construir y operar estaciones de expendio de combustibles.
- Res. 74-17: Crea el Registro Nacional de Estaciones de Expendio de Combustibles, una base de datos oficial para el control estatal.
- Res. 142-20: Reitera que no se reconocerán autorizaciones previas al nuevo procedimiento establecido en la 73-17.
- Res. 163-20: Otorga un plazo legal para que estaciones no regularizadas se registren formalmente.
¿Por qué importa?
Estas resoluciones permiten al Estado saber quién está operando legalmente en el mercado y bajo qué condiciones. Además, protegen al consumidor al asegurar que los distribuidores cumplen estándares técnicos y de seguridad.
2. Calidad y especificaciones de los combustibles
Aquí se definen los parámetros técnicos que debe cumplir el combustible para ser vendido legalmente en el país.
- Res. 394-02: Fija las normas de calidad para todos los productos derivados del petróleo.
- Res. 290-12 y 132-15: Autorizan la comercialización del gasoil óptimo, con bajo contenido de azufre.
- Res. 201-14: Obliga a reportar los volúmenes de combustibles importados en galones y a temperatura específica, lo que mejora la fiscalización.
¿Por qué importa?
Controlar la calidad de los combustibles es clave para proteger los motores, reducir emisiones contaminantes y garantizar que el consumidor reciba lo que está pagando.
3. Transporte de combustibles y GLP
Regulan el traslado seguro de combustibles, tanto para consumo propio como para distribución comercial.
- Res. 337-11: Regula el transporte de combustibles para consumo propio por parte de empresas.
- Res. 327-18 y 328-18: Establecen los procedimientos y requisitos de seguridad para las unidades de transporte.
- Res. 329-18 y 297-19: Normativas específicas para el transporte y venta de GLP a granel y en camiones tipo bobtail.
- Res. 299-19 y 363-19: Regulan el transporte de diésel y fuel oil, enfocándose en la seguridad vial y ambiental.
¿Por qué importa?
Un transporte mal regulado puede ser un peligro ambulante. Estas normas buscan evitar accidentes, fugas y explosiones, garantizando que las unidades estén equipadas y certificadas.
4. Instalación y operación de estaciones de servicio y envasadoras
Estas resoluciones establecen cómo deben operar las plantas y estaciones que venden combustibles al público.
- Res. 119-16: Regula la venta de GLP para uso doméstico, vehicular e industrial.
- Res. 194-16: Define los requisitos técnicos para los tanques soterrados de GLP.
- Res. 201-17 y 297-19: Normas de seguridad para plantas envasadoras de GLP y estaciones de gas natural vehicular (GNV).
- Res. 26-09 y 51-11: Establecen los requisitos para operar estaciones de GNV, una opción más limpia y económica.
¿Por qué importa?
Estas normas garantizan que las instalaciones donde se manipulan gases y líquidos inflamables cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y control técnico.
5. Aspectos económicos y fiscales
Aquí se agrupan las resoluciones que regulan el precio, la distribución y los aspectos impositivos del combustible.
- Res. 22-13: Regula la distribución, transporte y venta de combustibles líquidos y gaseosos.
- Res. 275-16 (vía decreto): Implementa el sistema de devolución de impuestos selectivos, especialmente para usos industriales o agrícolas.
- Res. 86-19: Crea una comisión para revisar los precios de los combustibles y garantizar transparencia.
- Res. 239-16: Establece sanciones para quienes distribuyan combustibles sin licencia, formalizando el mercado.
¿Por qué importa?
Estas resoluciones buscan asegurar que el sistema de precios sea justo, que el Estado no pierda ingresos y que se evite el mercado informal.
6. Cargos por servicios y clasificaciones empresariales
Normas que fijan tarifas y requisitos para la operación legal del sector.
- Res. 69-17 y 70-17: Determinan las tarifas por servicios y licencias emitidas por el MICM, aplicables a estaciones, plantas y otras actividades comerciales.
¿Por qué importa?
Establecer tarifas claras contribuye a una regulación transparente y evita discrecionalidades en el otorgamiento de permisos.
Estás 29 resoluciones permiten al Estado operativizar la política pública en el sector energético. Aunque muchas de ellas son técnicas, su impacto es real: afectan desde el precio del galón hasta la seguridad de quienes viven cerca de una estación de servicio.
El sector de los combustibles en República Dominicana opera bajo un extenso entramado legal que incluye 10 leyes, 7 decretos y al menos 29 resoluciones. Este conjunto normativo ha sido fundamental para organizar el mercado, proteger al consumidor, recaudar impuestos y combatir el comercio ilegal.
Sin embargo, el mercado energético actual no es el mismo que hace cinco, diez o veinte años. La transición hacia energías más limpias, el crecimiento del parque vehicular, las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el auge del contrabando imponen nuevas presiones que exigen un marco normativo ágil, coherente y actualizado.
Este reportaje es apenas el punto de partida. Seguiremos explorando, analizando y contextualizando el marco normativo del sector combustibles, un asunto que va más allá de lo técnico y afecta directamente el bolsillo de cada ciudadano, el medioambiente y el rumbo económico del país.
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