Santo Domingo, RD. – La crisis internacional de los combustibles está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la economía dominicana. Aunque el Gobierno ha destinado miles de millones de pesos a subsidiar los hidrocarburos para contener las alzas, los efectos del encarecimiento del petróleo ya se sienten en el costo de los alimentos, el transporte y otros bienes y servicios.
Las cifras presentadas por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante el foro «Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles», dimensionan la magnitud del problema. Desde enero de 2026, el gasoil ha aumentado un 130.2 %, la gasolina un 87 % y el petróleo de referencia WTI un 67.6 %. Los derivados han experimentado incrementos incluso superiores al crudo, debido a las dificultades en la refinación y las interrupciones del suministro internacional.
Frente a este escenario, el Gobierno ha intensificado las ayudas. Desde la semana del 7 de marzo, el subsidio semanal a los combustibles promedia RD$1,228 millones y, en las últimas 15 semanas, ha rondado los RD$1,500 millones. Para el período del 31 de octubre al 6 de noviembre se estimó un aporte cercano a RD$1,600 millones. En lo que va de año, las medidas anticrisis han representado RD$43,324 millones, mientras se contempla elevar los recursos hasta RD$55,000 millones mediante un presupuesto complementario.
Actualmente, el subsidio por galón alcanza RD$93.80 para el gasoil óptimo, RD$96.50 para el regular, RD$46.40 para la gasolina regular y RD$44.60 para el GLP, combustible de amplio uso doméstico. Sin embargo, el subsidio tiene un límite: reduce parte del impacto directo en los precios, pero no impide que los mayores costos se trasladen a otros sectores de la economía.
El diésel, por ejemplo, es esencial para el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola y las operaciones industriales. Cuando su precio aumenta, también se encarecen la producción, el traslado de las cosechas y la distribución de los alimentos. De ahí que, pese a las ayudas estatales, las familias continúen sintiendo la presión sobre su presupuesto. La crisis petrolera no se queda en las estaciones de servicio; termina llegando a los mercados, supermercados y servicios que forman parte de la vida cotidiana.
A esta situación se suma el debate sobre cómo se distribuyen los subsidios y quiénes reciben sus mayores beneficios. Representantes del transporte han reclamado revisar el esquema para que los recursos lleguen de manera más equitativa. Es una discusión necesaria, especialmente cuando el gasto público aumenta y debe competir con otras demandas sociales y económicas. La protección de los sectores vulnerables debe ser una prioridad, pero también la transparencia y la sostenibilidad de estas medidas.
La incertidumbre sobre la duración de la crisis, reconocida por el propio ministro Díaz, obliga a pensar más allá de las respuestas coyunturales. Los subsidios pueden ser necesarios para evitar aumentos abruptos, pero no constituyen una solución permanente frente a la volatilidad de los mercados internacionales.
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