El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la propuesta de reforma fiscal impulsada por el Gobierno, así como la política de subsidios a los combustibles y las medidas compensatorias contempladas en la iniciativa. El funcionario aseguró que el proyecto incluye alivios para empresas y contribuyentes, la eliminación de impuestos considerados distorsionadores y mecanismos orientados a fortalecer la estabilidad fiscal y combatir la evasión.
Díaz explicó que la reforma prevé una recaudación adicional de entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, monto que ya incorpora el impacto de las exenciones, eliminaciones de impuestos y otros beneficios incluidos en la propuesta. Asimismo, sostuvo que el proyecto busca adaptarse a un contexto regional en el que las reformas tributarias se han vuelto cada vez más complejas y donde la población demanda sistemas más progresivos.
Durante una entrevista en el Grupo de Medios Telemicro, el funcionario sostuvo que el proyecto busca responder a las demandas actuales de la sociedad, en un contexto regional donde las reformas tributarias se han vuelto cada vez más complejas.
Citó como referencia las reacciones sociales registradas en países como Chile, Ecuador y Colombia, así como estudios internacionales que muestran una mayor preferencia por esquemas tributarios progresivos.
“Las sociedades demandan reformas más progresivas, más impuestos sobre las rentas y menos impuestos al consumo”, señaló el funcionario, al explicar que los ciudadanos esperan mayores servicios públicos, pero al mismo tiempo muestran resistencia a incrementos impositivos.
Combustibles y estabilidad fiscal
El ministro también defendió la política de precios de los combustibles aplicada por el Gobierno y explicó que los ajustes responden al comportamiento de los mercados internacionales y a criterios de prudencia fiscal.
Indicó que las autoridades utilizan referencias internacionales para determinar los precios internos, aunque aclaró que se trata de una aproximación debido a que los combustibles adquiridos por el país son derivados refinados. Asimismo, sostuvo que los ajustes responden al comportamiento del mercado y no a decisiones discrecionales.
Díaz advirtió que ampliar significativamente los subsidios tendría consecuencias directas sobre otras áreas del gasto público. Según explicó, un aumento considerable de estos aportes obligaría a reasignar recursos destinados a sectores como salud, seguridad y otros servicios esenciales.
El funcionario afirmó que mantener la estabilidad macroeconómica constituye una de las principales prioridades del Gobierno, especialmente en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas.
Durante la entrevista, Díaz también respondió a cuestionamientos sobre algunas de las medidas recaudatorias contempladas en la propuesta, entre ellas el cobro de US$10 a los boletos aéreos y el incremento del impuesto aplicado a las transferencias electrónicas.
Sobre el cargo a los pasajes aéreos, sostuvo que se trata de una medida de impacto limitado. Como ejemplo, señaló que un boleto con un costo de US$500 pasaría a costar US$510, por lo que calificó el ajuste como marginal dentro del conjunto de la reforma.
El funcionario argumentó que el objetivo de la medida es preservar la estabilidad fiscal sin afectar bienes y servicios esenciales para la población.
Asimismo, sostuvo que el aumento del acceso a los viajes refleja cambios en la realidad económica del país, donde cada vez más dominicanos tienen la posibilidad de trasladarse al exterior.
Respecto al impuesto sobre las transferencias electrónicas, explicó que la tasa pasaría de RD$1.50 a RD$2.00 por cada RD$1,000 transferidos. Aunque reconoció que se trata de un gravamen que genera debates dentro del sector financiero y entre los economistas, afirmó que el incremento no tendría un impacto significativo sobre la economía.
Díaz admitió que este tipo de impuesto puede considerarse una distorsión desde el punto de vista económico, pero aseguró que distintos sectores han comprendido la necesidad de mantener la estabilidad fiscal.
En ese sentido, planteó que la alternativa sería aplicar impuestos a áreas más sensibles, como medicamentos, salud, educación o productos de la canasta básica, una opción que descartó en las actuales circunstancias.
“Lo que queremos en este plan es proteger a los pobres”, expresó el ministro al defender las medidas compensatorias incluidas en la propuesta.
Eliminación de impuestos y reducción de cargas
Entre las medidas contempladas en la propuesta, el ministro destacó la eliminación del impuesto de 1% aplicado a la constitución de compañías, el impuesto de 2% sobre las hipotecas y el impuesto selectivo a los seguros de vida.
Aunque reconoció que estos tributos generaban ingresos para el Estado, consideró que también representaban trabas para la competitividad y la actividad económica.
“Con esos impuestos se recaudaban recursos, pero se veían como obstáculos para la competitividad. Por eso lo estamos quitando”, explicó.
Díaz indicó que algunos de estos gravámenes aportaban entre RD$2,000 millones y RD$3,000 millones anuales, mientras que el impuesto selectivo aplicado a los seguros de vida generaba una recaudación superior.
Asimismo, señaló que el Gobierno también asumirá una reducción de ingresos por los cambios propuestos al régimen de anticipos para determinados segmentos empresariales. Según explicó, la eliminación de anticipos para las microempresas y otras modificaciones contempladas en la reforma tendrán un impacto en los flujos financieros del Estado.
El funcionario afirmó que estas medidas forman parte de una estrategia para facilitar el cumplimiento tributario y crear mejores condiciones para quienes desarrollan actividades productivas dentro de la formalidad.
Relacionada: Magín Díaz: “Más del 90% de la recaudación estimada provendrá del 1% más rico de la población”
Díaz aseguró que la reforma no solo contempla alivios para los contribuyentes, sino también mecanismos dirigidos a fortalecer el control sobre la evasión fiscal. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es simplificar los procesos para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, al tiempo que se refuerzan las herramientas para detectar y sancionar prácticas irregulares.
“Estamos tomando medidas para hacerle más fácil la vida al contribuyente que quiere pagar y más difícil al que quiere evadir”, expresó.
El ministro defendió además el carácter progresivo de la iniciativa y aseguró que algunas de las medidas recaudatorias planteadas afectarían a una proporción reducida de la población con mayor capacidad contributiva.
Asimismo, sostuvo que la propuesta mantiene incentivos para la inversión y la actividad empresarial, incluyendo mecanismos como la depreciación acelerada, al tiempo que combina medidas de alivio tributario con acciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
