El abogado y dirigente sindical Mario Díaz expresó su profunda preocupación por el alarmante incremento de los accidentes de tránsito registrado en la República Dominicana durante las últimas siete semanas, una tendencia que, según advirtió, supera los promedios habituales y configura una verdadera emergencia vial y social.
Díaz sostuvo que datos preliminares provenientes de reportes hospitalarios, del Sistema 9-1-1 y del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) confirman que los siniestros viales continúan entre las principales causas de muertes violentas, con una incidencia particularmente alta en motocicletas, que concentran históricamente más del 60 % de las víctimas fatales y lesionados.
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“El país está viviendo una escalada peligrosa y sostenida de accidentes de tránsito, con consecuencias humanas, económicas y sociales devastadoras. No son simples cifras: son familias destruidas, hospitales saturados y una sociedad que corre el riesgo de normalizar la tragedia”, afirmó.
El dirigente sindical atribuyó esta situación a la conducta imprudente y temeraria de una parte importante de los conductores, especialmente motoristas, al irrespeto sistemático de las normas de tránsito, así como a la debilidad en los controles y la aplicación efectiva de la ley.
En ese sentido, reclamó a las autoridades nacionales y municipales fortalecer los operativos de fiscalización y hacer cumplir sin excepciones la Ley 63-17 de Tránsito, Transporte y Movilidad Vial.
“La ley existe, pero su aplicación débil la convierte en letra muerta. Cada semáforo violado y cada vehículo sin condiciones mínimas de seguridad representa una amenaza directa a la vida”, enfatizó.
Díaz señaló además que la mayoría de los accidentes graves responden a dos causas recurrentes: imprudencia del conductor y fallas mecánicas prevenibles, por lo que consideró impostergable la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), establecida en la legislación vigente.
Propuso un cronograma escalonado para la puesta en marcha de la ITV, iniciando con el transporte público, motocicletas de uso comercial y flotillas estatales, y extendiéndose progresivamente al resto del parque vehicular.
Finalmente, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader, al Gabinete de Transporte, al INTRANT y a los ayuntamientos, para que declaren la seguridad vial como prioridad nacional y actúen con la firmeza que, dijo, la gravedad de la situación exige.
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